La ONU dijo que son preocupantes los diversos obstáculos y problemas que encontraron los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, lo que les «impidió explorar algunas líneas de investigación».
Así lo señaló en una sesión con periodistas en Ginebra el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, quien detalló que algunos indicios en los cuales los expertos no pudieron profundizar tenían que ver con «los roles y responsabilidades de las fuerzas armadas y de otras autoridades».
Formado a instancias de la CIDH, el llamado «Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes» (GIEI) dio por concluida hace dos días su investigación en el caso de los jóvenes desaparecidos en el municipio de Iguala.
Las conclusiones de su informe final colocaron a los expertos en una posición de enfrentamiento con el Gobierno mexicano, al que criticaron por obstaculizar su trabajo.
Al mismo tiempo, le pidieron que actúe para asegurar que los responsables de ese crimen responderán ante la Justicia.
En la misma línea, la ONU formuló un llamamiento a las autoridades para que «garanticen un seguimiento efectivo de la investigación y resuelvan los problemas estructurales que puso en evidencia».
«También pedimos al gobierno que se comprometa con el mecanismo de seguimiento que el CIDH ha anunciado que establecerá», comentó Colville.
Al valorar la intervención de la instancia interamericana, la ONU sostuvo que el «caso Iguala muestra el rol crucial que la cooperación internacional puede jugar a la hora de ayudar a los Estados a luchar contra la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos».
Para la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el caso de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 se ha convertido en una «prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades de afrontar la violencia criminal y la corrupción».
La ONU felicitó al grupo de expertos, que incorporó a su investigación el asesinato de otros seis jóvenes ocurrido también en 2014, por su «inestimable trabajo», contenido en un informe de 605 páginas.
Asimismo, destacó la voluntad expresada por el Presidente de México y el fiscal general de «tomar seriamente en consideración las recomendaciones del grupo».
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