Patricia Ponce Jiménez, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), señaló que existe el riesgo de que a partir de 2013 la Secretaría de Salud haya aplicado 23 mil pruebas sin registro sanitario a mujeres embarazadas.
Advirtió que, durante la titularidad de Pablo Anaya Rivera en la dependencia estatal, el Grupo Multisectorial en VIH – SIDA del Estado de Veracruz detectó un lote con 70 mil pruebas apócrifas, mismas que a pesar de ser confrontadas con portadores del virus, marcaron como falsos negativos.
Ante la evidencia presentada a Pablo Anaya, éste aseguró que dicho lote sería almacenado en una bodega de la secretaría. Sin embargo, la incertidumbre invadió a la investigadora al enterarse, por medio de una declaración del secretario de salud federal, José Narro Robles, sobre un hallazgo en el estado de 47 mil pruebas defectuosas.
“Es un tema no de delincuentes, sino de criminales, existe el riesgo que del lote que evidenciamos 23 mil pruebas se hayan aplicado a mujeres embarazadas. La Fiscalía General del Estado (FGE) debe investigar a los funcionarios que ya se fueron, pero también a los que ahora están y no quieran aportar evidencias”, sostuvo Ponce Jiménez.
En entrevista para E- Consulta Veracruz, la investigadora aseguró que Arturo Irán Suárez Villas, actual titular en la Secretaría de Salud, deberá comprobar que las 70 mil pruebas apócrifas de 2013 continúan bajo llave; se destruyeron; o si fueron aplicadas, dar con el paradero de las 23 mil personas y valorar su estado de salud.
“Quien ahora está al frente, se llame como se llame, tiene que afrontar esta problemática. No se puede quedar en la declaración de que ya demandó. No hablamos de una gripe, hablamos de miles de vidas, si es que estas personas todavía viven”, fustigó.
Patricia Ponce advirtió que el riesgo podría ser mayúsculo al día de hoy, pues de acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en casos positivos de VIH, el virus es transmitido, en promedio, a al menos otras cinco personas.
Patricia Ponce, explicó que, desde hace 14 años, el Grupo Multisectorial vela por los derechos humanos de casi 9 mil portadores de VIH, que son atendidos en cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (CAPASITS), a lo largo del estado de Veracruz.
“Nuestra labor es que los pacientes reciban su medicamento, que se cuente con los insumos necesarios, pero, además, que las condiciones del inmueble estén dispuestas y con calidad. Si hay quejas, las reportamos en la Secretaría de Salud, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), o en el ministerio público”, abundó.
De acuerdo con la entrevistada, como parte de un acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el año 2012 su grupo fue facultado para verificar las pruebas rápidas de VIH. Por ello fue que en 2013 descubrieron el lote con 70 mil pruebas apócrifas, que estaban destinadas a mujeres embarazadas, como parte del programa de salud materna.
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