Las elecciones de este año serán las más grandes en México. Se someterá a votación más de tres mil puestos de elección popular, lo que podría incrementar el registro de casos de violencia política contra las mujeres.
A decir de Horacio Vives, experto en temas electorales y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es evidente que este tipo de fenómenos tengan mayor incidencia en este año electoral debido a la gran cantidad de puestos que podrán elegirse, y aunque no se puede predecir cuántas mujeres sufrirán violencia política, sí hay un factor que prevalece en la mayoría de los casos documentados: la pobreza.
El experto asegura que este tipo de casos se registran más en sitios donde hay un alto grado de marginación, lugares donde hay un nivel educativo limitado y existe un machismo más arraigado.
“Se cree que un cargo político no puede ser ocupado por una mujer y cuando una de ellas aspira a una alcaldía, por ejemplo, el primer tipo de agresión que se registra es la baja o nula propaganda o exposición de su perfil para ser conocida por el electorado”, afirma Vives.
En el libro La representación política de las mujeres en México publicado en diciembre de 2017, su autora, Flavia Freidenberg, indica que los estados donde se han registrado casos de violencia política contra las mujeres son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Baja California, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.
En este sentido, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca son las entidades con mayor número de personas en situación de pobreza en todo el país.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) registró 580 casos de violencia política contra las mujeres entre 2012 y agosto de 2017, previo a la salida de su ex titular Santiago Nieto.
El 2015 fue el año cuando mayor cantidad de denuncias se presentaron, con un total de 203 averiguaciones previas, seguido de 2012 con 192; 2013 con 67; 2014 con 55; y 2016 con 52.
El protocolo
En noviembre de 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, donde se especifica que este tipo de agresión responde a “todas las acciones y omisiones basadas en elementos de género que tengan por objeto anular el reconocimiento de los derechos políticos inherentes a un cargo público”.
La violencia política contra la mujer puede ser muy sutil, de acuerdo con Flavia Freidenberg. Ésta puede comenzar desde el uso del pronombre masculino en documentos oficiales, mentirle sobre la ubicación y hora de las reuniones, no facilitarles los recursos para el desempeño de sus funciones, acosarlas sexualmente y hasta atentar contra sus colaboradores o familiares para presionarlas a que abandonen el puesto de elección popular al que han sido asignadas.
Uno de los casos más visibles de violencia política contra una mujer se registró en 2016. Rosa Pérez Pérez fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó en Chiapas, como representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones de julio de 2015. En octubre de ese año tomó protesta.
Hasta el 25 de mayo de 2016, cuando fue obligada a presentar su renuncia a cambio de poner en libertad a dos legisladores que colaboraban con ella y que fueron secuestrados; sufrió diversas amenazas, violencia psicológica y económica, así como el registro de vandalismo en las instalaciones de su oficina.
Fue hasta el 14 de marzo de 2017, 10 meses después de haber sido electa, que pudo regresar a su puesto como presidenta municipal, de acuerdo con el registro del libro La representación política de las mujeres en México.
En el informe Cuando hacer política te cuesta la vida, publicado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México a finales de 2017, tanto la ex magistrada federal María del Carmen Alanís Figueroa, como el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, y la senadora Martha Tagle Martínez, lamentan que aún no se tipifique como delito la violencia política contra la mujer.
En este sentido, Horacio Vives asegura que sería prudente que se trate el tema independiente del resto de los delitos electorales, ya que «de esta forma tendría una mayor visibilización, para eventualmente erradicar esta práctica discriminatoria dentro de los procesos electorales”.
