La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió reconsiderar la suspensión de la convocatoria a organizaciones para operar refugios o centros de atención a mujeres e hijos, pues eso deja en indefensión y vulnerabilidad a ese sector.
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Consideró que la suspensión de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para la asignación de subsidios a proyectos de coinversión, para la operación de refugios o centros de atención externa que atienden a mujeres en situación de violencia extrema e hijos, propicia mayor vulnerabilidad.
La CNDH demandó a las autoridades tomar las previsiones y acciones necesarias para evitar poner en riesgos físico y psicológico a mujeres e hijos, ante la suspensión de la convocatoria que ocasiona a este sector estado de mayor indefensión respecto de la protección de sus derechos fundamentales.
Solicitó reconsiderar la suspensión de la convocatoria para evitar que las víctimas y sus descendientes menores de edad queden expuestos en su dignidad, integridad y seguridad a la violencia, ya que tienen derecho a contar con espacios dignos de protección y con la posibilidad de reestructurar su proyecto de vida.
Para la CNDH, la falta de recursos para la operación de los refugios puede afectar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia extrema y de sus menores hijos al poner en riesgo el cumplimiento efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez, sin omitir que puede ampliarse la prevalencia de la violencia feminicida en el país.
Asimismo manifestó su preocupación por el destino que tendrán los 21 procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres que actualmente están activos y que cubren más de la mitad del territorio nacional.
Exigió a las autoridades responsables del financiamiento de refugios a respetar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Recomendación 19 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la cual establece que los Estados deberán ofrecer servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar.
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