Luego de darse a conocer que México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en temas de violencia y explotación infantil y que nuestro país es el segundo destino de turismo sexual infantil a nivel global, más de cien organizaciones de la sociedad civil piden a las autoridades emprender acciones inmediatas contra la explotación sexual.
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De acuerdo con el INEGI, en México la tasa de violación de niñas y niños es de mil 764 por cada 100 mil infantes, ante este panorama las ONG agrupadas en un solo pronunciamiento exhortan a las autoridades para crear estrategias de prevención, intervención en la comunidad educativa y protección, vigilancia y denuncia inmediata al ministerio público en todos los casos de diversos tipos penales de delitos sexuales en cualquier entorno con énfasis en los centros escolares.
De acuerdo con el documento firmado por las ONG, “Las autoridades educativas tienen la obligación de crear espacios seguros para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral”.
Este pronunciamiento tiene lugar luego de la información de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) que documentó diez años de casos de explotación sexual al interior de las escuelas de nuestro país caso concreto de la alcaldía Iztapalapa.
Los puntos que destacaron fueron:
- Que sea transparente la trayectoria y designación del personal escolar.
- Fortalecer los espacios de escucha para las niñas, niños y adolescentes en las familias, escuelas y comunidades a través de la sensibilización sobre las diversas violencias sexuales contra.
- Fortalecer los sistemas de protección integral y especial de la niñez y adolescencia
- Revisión y actualización del documento de la SEP : “Orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de educación básica”.
- Establecer mecanismos expeditos de denuncia y de seguimiento con toda la comunidad educativa.
- Que se modifique El Protocolo de los procedimientos administrativos de la SEP para que avise inmediatamente y obligadamente a las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que trabajen conjuntamente con la policía y Ministerio Público ante cualquier denuncia de violencia sexual contra menores.
- Que se investigue debidamente y se reconozca a los co-denunciantes de estos casos como víctimas con derechos para participar en la investigación.
- Que se garanticen métodos especializados y adecuación de mecanismos para el testimonio bajo un enfoque de niñez que eviten la revictimización.
