Mientras que Monterrey sigue siendo señalada como una de las ciudades más contaminadas del país, el senador Víctor Fuentes aseguró que el gobierno del estado ha sido omiso e irresponsable en el tema y una prueba de ello son las condiciones en que trabajan las procesadoras de caliza o pedreras.
A finales del año pasado, Greenpace realizó un estudio en las siete ciudades más contaminadas de la República Mexicana y tras ello presentó el Manifiesto de la Revolución Urbana en donde la capital del estado destacó por la alta exposición de su población al aire nocivo además de su poca inversión en transporte urbano.
“El tema de las pedreras es un tema que tiene que ver con uno de los principales actores en el tema de la contaminación en Nuevo León y en todo el país”, sostuvo.
Por eso, añadió, que desde el Senado de la República se está trabajando en una reforma que tiene que ver con una adición al artículo 27 de la Constitución.
“Tiene que ver con el manejo de las calizas para posteriormente de ahí poder legislar y emitir una ley que regule estos giros”, comentó.
Indicó que a nivel internacional hay países que han avanzado mucho en los mecanismos o métodos a través de los cuales se extra este material.
“Aquí lamentablemente estamos en pañales tenemos normas muy limitadas, muy débiles”, afirmó.
Destacó que no es un secreto que el gobierno del estado ha sido omiso e irresponsable en el tema de las pedreras.
Además añadió que detrás de esa omisión existe corrupción y también que el tema del medio ambiente dejó de ser una prioridad para la administración estatal desde hace tres o cuatro años.
Este fin de semana, Monterrey y su área metropolitana, registró, un repunte en el tema de la contaminación. 10 de las 13 estaciones del Sistema de Monitoreo Ambiental presentaron una mala calidad del aire.
En el tema de las procesadoras de caliza, Fuentes, dijo que hay que cambiar las reglas del juego para generar una ley que sea bastante más estricta y que tenga una normatividad y unos protocolos de extracción y de procesamiento muy definidos.
“Para que en todo momento se pueda verificar su cumplimiento y que en caso de que no se dé que existan las sanciones muy determinantes para que en caso de que haya una persistencia en la falta de observación de la norma se proceda a la clausura”, estableció.
Dijo que la reforma constitucional ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales con nueve votos a favor, una abstención y un voto en contra.
Dijo que espera que ahora que se reanuden las actividades legislativas se esté aprobando ya en el pleno de la Cámara de Senadores y repita la Cámara de Diputados.
“Nosotros estamos haciendo las labores de cabildeo de darles a conocer los enormes beneficios que tiene está propuesta”, compartió.
La iniciativa que se propone tiene que ver con que el gobierno federal tenga jurisdicción en la autorización de estas empresas y que las mismas se encuentren en espacios que no estén cerca de los urbanos.
También se contemplaría que una vez concluido el permiso de explotación el bien pase a propiedad de la nación para que mediante el impuesto que se les imponga se generan fondos para la regeneración del espacio.
Añadió que en el artículo 27 regula todos los recursos naturales que están en el subsuelo, pero como la Constitución data de 1917 seguramente fue una omisión contemplar este tema que ahora se quiere subsanar con la reforma.
Es decir que en 1917, cuando se legisló sobre la extracción de minerales la industria cementera y de construcción no tenía los alcances de ahora.
“Para que se tenga una regulación nacional muy precisa que atienda la realidad que hoy en día estamos viviendo en donde en el problema de la contaminación una parte muy importante la producen estos giros industriales”, puntualizó.
Cabe destacar que según la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, en la entidad operan 65.
