La Suprema Corte de Justicia aprobó el 15 de noviembre de 2017 la sentencia que ordena al Congreso emitir la ley reglamentaria que regule la publicidad oficial a más tardar el 30 de abril de 2018.
Las tres fuerzas políticas más representativas en el Congreso se han comprometido a trabajar para contar con la ley reglamentaria que está pendiente.
Hay que erradicar la corrupción en la compra de tiempos para entrevistas y coberturas en todos los niveles de gobierno.
La falta de regulación del gasto público en publicidad explica gran parte del uso y abuso indiscriminado de recursos para apoyar causas ajenas al bien público y por ello es necesario regularla.
No es exclusivamente el Poder Ejecutivo el que destina recursos para fines publicitarios, lo hacen todos los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
El modelo de regulación de gasto público en publicidad que nos hace falta a los mexicanos habrá de aprobarse privilegiando el ejercicio de la libre expresión, la equidad en los tiempos y en el presupuesto, así como la importancia de los mensajes que el gobierno transmite a la sociedad, en un mundo cada vez más interconectado, en el que las redes sociales juegan un papel fundamental.
En la elaboración de la ley se tendrá que definir el contenido de la publicidad tomando en consideración la necesidad de comunicar información de interés público y cerrado espacios al uso propagandístico.
Asimismo habrán de preverse mecanismos de sanción para las autoridades que no acaten los criterios de racionalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos con fines publicitarios.
La participación social, especialmente de las organizaciones que llevan años monitoreando cómo y cuánto gasto público se emplea en publicidad oficial será crucial.
El resultado final de la ley secundaria que hace falta tendrá que ser congruente además con todo el Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor en la Administración del Presidente Peña Nieto.
El llamado que ha hecho la Suprema Corte al Poder Legislativo ha creado un precedente que todos los legisladores debemos acatar. Así lo haremos.
