Aunque el 1 de diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, acuerdos como el recién publicado en el Diario Oficial de la Federación van en sentido contrario porque promueven el desobedecimiento de leyes; sin embargo, pocos cambios pueden existir en el panorama actual.
En eso coinciden especialistas consultados por Publimetro, quienes alertan de la preocupación del acuerdo publicado por el presidente, en el que se considera que las obras de infraestructura emblemáticas de su Gobierno y bajo la construcción por militares -como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles- son “de interés público y seguridad nacional”, hecho por el que se podría ocultar información al respecto.
Marcos Pérez Esquer, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, considera “preocupante” el “desprecio que este gobierno tiene para con el marco jurídico mexicano, para con el principio de legalidad, para con el Estado de Derecho”.
“El decreto o acuerdo es evidentemente ilegal, evidentemente inconstitucional. Lo que está haciendo al declarar las obras del Gobierno como asuntos de seguridad nacional es generar una justificación -o una pseudo justificación- para poder instruir el Ejecutivo a toda la administración pública a otorgar permisos y licencias para obras; independientemente de que esas obras cumplan los requisitos legales para obtener sus permisos o el. Es decir. En pocas palabras, lo que el acuerdo está diciendo es que instruye a incumplir la ley en materia de permisos y licencias. Es de verdadero escándalo”, explicó Pérez Esquer en entrevista con Publimetro.
Otro punto que considera el académico es la veta de opacidad “que se abre en automático al declarar todos estos asuntos como de seguridad nacional”. “Permite también que la autoridad pueda clasificar como reservada toda la información al respecto”, añade.
“Hay un efecto muy importante en materia de opacidad. Es una puerta que se abre a la corrupción. Pero más importante que todo esto: es exactamente lo contrario de lo que el Ejecutivo protestó cuando tomó protesta. El protestó “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” y lo que está instruyendo aquí es que no se acaten esas leyes. Entonces el asunto es, repito, de verdadero escándalo”, considera el académico.
Próximos pasos serán complicados
Marcos Pérez considera que, como todo acto de la administración, este decreto es impugnable. Sin embargo, contempla que si la intención del acuerdo es “evitar amparos” -como mencionó el presidente en la conferencia de prensa matutina del día posterior- entonces “parece que el presidente está mal asesorado al respecto” ¿Por qué? El académico informa que es imposible evitar que la gente haga valer sus derechos a través de la vía del amparo; lo cual, consolida el desprecio del Ejecutivo para con los mecanismos de protección que la ley dispone.
Cuestionado sobre si este incidente se suma al resto de actividades en las que se ha acusado de intromisión al presidente López Obrador en otros poderes de la Unión y organismos autónomos, Pérez considera que es “evidente que al Presidente de la República le estorba la Constitución, le estorba el marco normativo y eso expele un tufo autoritario indubitablemente, y es peligroso que la autoridad pretenda desentenderse del ordenamiento legal”.
“Me parece que el presidente está dando muestras de eso con este acuerdo, pero ya había dado muestras antes. Se me viene a la memoria aquel otro acuerdo que también publicó en el Diario Oficial, donde ordenaba a autoridades educativas a inhabilitar las leyes de educación antes, esto antes de que se llevara a cabo la contrarreforma educativa. Ese tipo de datos me parecen preocupantes, son propios de un régimen despótico”, concluyó.
4 PREGUNTAS CON
Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa
¿Cuál es su lectura sobre el acuerdo publicado por el presidente de considerar las obras emblemáticas de su Gobierno como “Seguridad Nacional”?
A mí me parece muy preocupante porque es un decreto, no solamente que no tiene fundamento jurídico y que invade atribuciones del Congreso. Elimina sustantivamente las leyes que regulan precisamente los proyectos de infraestructura y que se realizan por parte del Estado mexicano.
El establecer, bajo pretexto de seguridad nacional e interés público, la obligación de las dependencias federales a autorizar dentro de un plazo de cinco días hábiles; o de tomar implícitamente aprobado si no hay respuesta a las solicitudes de permisos por parte de las instancias del Estado mexicano que están construyendo, lo que único que abrir la puerta a la discrecionalidad y a la opacidad y con franqueza, ensancha la de por sí preocupante puerta por la que se filtra el problema de la corrupción.
Lo que me parece que es muy preocupante son las consecuencias para la salud democrática del país de este tipo de acciones. Para el ciudadano común y corriente le tiene que quedar claro que, con este tipo de medidas, lo que se abre es la puerta a la opacidad y a la corrupción, que son contrarias a las promesas que el propio Presidente dijo que no quería replicar en su gobierno y que van a terminar con abrir la posibilidad al mal uso de los recursos públicos que nuevamente a algún detrimento del bienestar ciudadano.
Lo que es irónico es que todas estas medidas se quieren cubrir bajo el argumento de un supuesto interés público que no aparece por ningún lado.
¿Cuáles son los pasos que deben seguir? ¿Se puede impugnar y echar para atrás?
El problema es que las condiciones políticas, para poder hacer que el aparato del Estado de Derecho funcione para evidenciar la inconstitucionalidad del decreto, hace que realmente poco margen de acción se tenga.
¿A qué me refiero? Aunque el decreto usurpa o invade atribuciones que tiene el Congreso, para poder establecer la controversia constitucional a la que daría cuenta esta invasión de facultades, se requiere la labor del presidente de cada una de las Cámaras o bueno, de alguna de las Cámaras. Ambos son miembros de Morena y yo no veo al presidente de la Cámara de Diputados, ni a Olga Sánchez, presidenta de la de la Cámara de Senadores, dispuestos a defender el orden jurídico y desafiar a su jefe, el señor Presidente de la República.
En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, el problema es que el decreto no tiene la calidad de ley, y por lo tanto no se puede aplicar la acción de inconstitucionalidad. Supuestamente el INAI está explorando si tiene algún mecanismo legal bajo el cual poder desafiar este decreto, dado que mina precisamente la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, que tiene que ser garante del INAI, pero con toda franqueza, a mi no me queda claro cómo van a activar ese recurso jurídico.
Y después, del lado de los privados, lo que les queda es ampararse en contra del decreto, por si consideran que se violó su derecho para poder participar, por ejemplo, en procesos para la construcción de la infraestructura amparados por dicho decreto. Pero yo pregunto: ¿quién va a ser la empresa o individuo con la suficiente fuerza que se atreva a desafiar en los tribunales al presidente y a sus aliados militares? También lo veo complicado en términos realistas y por lo mismo, me parece que a pesar de que legalmente el decreto no tiene fundamento, no va a haber forma de poder activar los mecanismos para precisamente desactivar jurídicamente algo que viola el orden legal mexicano.
¿Cuál será el papel del Poder Judicial? ¿Sólo a través de amparos puede intervenir?
Sí, pero yo no veo que eso vaya a ocurrir. Me cuesta trabajo identificar algún privado que se va a echar el round para demandar al Gobierno federal e insisto -porque no solamente es el gobierno federal- sino es ahora a los empoderados aliados políticos que se trata de la Secretaría de la Defensa Nacional.
¿Esta decisión refleja autoritarismo de parte del presidente López Obrador? ¿Cómo se inserta este acuerdo tras polémicas como la injerencia en poderes como el Legislativo y el Judicial y el otorgar obras a militares?
Lo vemos con el perfil de la terna para ser ministro sustituto en la Suprema Corte. Todos son personas cercanas políticamente al presidente. El problema es que todo en su conjunto sólo revela un endurecimiento por parte del régimen de López Obrador, que busca evitar cualquier a toda costa, cualquier mecanismo de contrapesos y de transparencia y rendición de cuentas. Y ahí están los datos. El presidente miente cuando dice que es un gobierno transparente, pues ahí han aumentado las negativas de acceso a la información en comparación al gobierno de Peña Nieto o de Calderón.
No solamente mantiene, sino ha abusado de las asignaciones directas y la propia Sedena, cuando hace los contratos a su cargo, también ha abusado de la asignación directa. Entonces no solamente no son similares a los a los anteriores, sino son peores. Peores en doble sentido: por el cinismo con el que mienten y en donde argumentan tener una soberbia de superioridad moral que en los hechos no aparece por ningún lado.
