De forma discreta y en medio de una crisis migratoria en el gobierno actual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una reforma de ley para dotar de más facultades al Instituto Nacional de Migración (INM) para inspeccionar a cualquiera persona sospecha de ser migrante.
El 1 de diciembre, los ministros de la SCJN dieron luz verde al proyecto de sentencia AR 275/2019, impulsado por la ministra Ana Margarita Ríos, quien propuso endurecer las revisiones migratorias para toda la población mexicana del país.
Sin embargo, grupos como el Instituto para Las Mujeres en Migración aseguran que esta reforma concede facultades al INM que no están previstas en la Ley de Migración y viola el artículo 11 de la Constitución.
Esto debido a que, aseguran, la aprobación del proyecto asume que todas las personas en México son extranjeras y, en consecuencia, todos deberán acreditar su nacionalidad ante agentes del INM, sin importar el momento o condición en que se encuentren.
Ante esta situación, distintas organizaciones lanzaron el hashtag #LaNacionalidadNoSeVe con la idea central de oponerse a esta iniciativa y hacer un llamado al gobierno federal para reconsiderar esta medida, que ante sus ojos, vulnera aún más a grupos históricamente invisibles como la comunidad afromexicana.
De acuerdo con la Ley de Migración, los agentes del INM pueden realizar revisiones a la población mexicana en las fronteras internacionales, mientras que el artículo 11 de la Constitución mexicana señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
Desde 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversas recomendaciones contra la detención de personas mexicanas por agentes del INM; pese a ello, la administración actual ha incrementado los operativos a caravanas migrantes en todo el país, así como se han documentado una serie de agresiones a personas de otros países durante su paso por México.
El caso más polémico y que da pie a esta revisión en la SCJN es el caso de 4 personas indígenas tzeltales, que en septiembre de 2015 fueron detenidas en Querétaro durante una revisión migratoria, luego de que agentes de migración consideraron ‘que no parecían mexicanas’.
Las cuatros personas fueron llevadas a la estación migratoria de Querétaro y tras una semana detenidas firmaron una serie de documentos donde aceptaron ser extranjeros. Ninguna de las cuatro personas detenidas hablaba español y no se les proporcionó traductores.
Para este caso, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) asumieron la defensa de estas personas y desde 2015 realizaron diversas acciones para poner fin a las revisiones migratorias en carretera, en donde aseguran todas son discriminatorias, racistas e inconstitucionales.
- Miembro fundador de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, Oscar González.
¿Qué tan grave es la reforma de la Corte?
La propuesta, en teoría, busca acabar con el perfilamiento racial, es decir, siempre se detiene a personas morenas o negras en las carreteras, por lo que ahora se busca inspeccionar a cualquier persona sospechosa, es una especie de ley como medida de solución a las violaciones a derechos humanos que se comente.
Sin embargo, contradicen los derechos humanos y abren una serie de lagunas legales.
¿Cómo lo ha hecho el INM en materia de derechos humanos?
La Corte le da más poder al INM para que solucione una ola de denuncias sobre violaciones a derechos humanos y varias situaciones que se cometen desde hace varios años; sin embargo, desde la comunidad afromexicana vemos que esta solución no es la más viable. Desde nuestra cancha no se debería de hacer este tipo de revisiones, en otras palabras se busca detener a cualquier personas que parezca o no migrante, que tenga rasgos específicos y con un montón de estigmas.
¿El llamado?
Es exhortar a que más instituciones se den cuenta de las estas acciones que se están llevando a cabo y que más organizaciones armemos un frente para detener este tipo de reformas y no se violen los derechos humanos.
