Las millonarias multas que ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) a todas las fuerzas políticas del país por conductas irregulares en la última década no logran frenar el proselitismo y delitos electorales que cometen funcionarios y militantes de los partidos.
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La última sanción que emitió el instituto nacional electoral fue la semana pasada, la cual ascendió a más de 70.5 millones de pesos como resultado por irregularidades detectadas por diversos partidos políticos durante las campañas electorales que finalizaron en junio pasado y en donde se renovaron seis gubernaturas.
A esta sanción financiera, se suma una larga lista de castigos que ha levantado el INE en contra de los partidos políticos en los últimos diez años y que, pese a que se calculan hasta por hasta cinco mil millones de pesos, de acuerdo con el portal del instituto, los partidos reinciden en este tipo de prácticas.
De acuerdo con el siito de multas y sanciones del INE, en la mayoría de los casos se opta por descontar las multas y sanciones al financimiento público que obtienen de forma mensual los partidos públicos, por lo que en términos reales no existe una merma drástica a sus operaciones financieras. Situación que se repite durante cada contienda electoral durante el periodo de campañas y precampañas electorales.
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Morena, PAN y PRI, los más irregulares
Los partidos Morena, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano, el de la Revolución Democrática (PRD) y otros como el Partido Verde Ecologista (PVEM), fueron las fuerzas políticas que más cometieron estas irregularidades.
Morena se posicionó como el partido con más quejas y sanciones por parte del INE en los últimos tres años (2019,2020 y 2021), debido a que se le comprobó que hizo promoción indebida de sus afiliados, aspirantes a candidaturas de puestos de elección popular, así como utilizó a nivel nacional recursos públicos de forma opaca para distintos procesos.
Si bien todos estos castigos económicos han podido ser cobrados de manera correcta por el instituto nacional electoral, consejeros electorales hicieron un llamado a que se frenen este tipo de acciones de cara a los procesos electorales de 2023, en el Estado de México y Coahuila, así como la contienda presidencial que se llevará a cabo en 2024.
Y es que al partido que fundó Andrés Manuel López Obrador se le ha señalado en fechas recientes de realizar mitines y actos públicos para promocionar a servidores públicos y militantes que aspiran por una gubernatura o por la presidencia de la República. Esto viola la ley debido a que todavía no inicia la etapa de la precampaña.
En tanto, el PVEM es el partido que ha sido sancionado en los últimos siete años de forma consecutiva desde 2014, debido a que ha gastado su presupuesto en promocionarse de forma indebida a través de Influencers, artistas y por medio de espectaculares en avenidas y vías primarias del país.
¿En qué ocupa el INE el dinero que recauda por las sanciones?
- Los recursos que se obtenienen por la aplicación de sanciones económicas son destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- De acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, las multas deben ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de la Administración del INE en el plazo que señale la resolución y, en caso de no precisarlo, dentro de los quince días siguientes contados a partir de su notificación.
- Sí el infractor no cumple con su obligación en el plazo establecido, el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro mediante a la legislación aplicable
- En el caso de partidos políticos, el monto de las multas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.
Dato:
- El partido político con más sanciones como producto de la fiscalización de las campañas de 2021 fue Morena, por lo que tuvo que pagar una suma de 373 millones de pesos, equivalente a 17% del financiamiento público federal que recibió del INE en ese mismo año.
A considerar:
Todos los partidos de manera sistemática apuestan por dificultar y esconder sus finanzas durante las campañas electorales en el entendido de que, si los llegan a descubrir, basta con pagar la multa correspondiente, la cual proviene del propio financiamiento público.
