Después de que la noche de este viernes el ministro Javier Laynez admitiera a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B electoral, que lo suspende y lo deja sin efecto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impugnará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
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La administración de López Obrador indicó que Laynez Potisek “arrancó hojas de la constitución”, pues no pueden admitirse controversias en materia electoral, de acuerdo con el artículo 105, fracción I de la Constitución Mexicana.
Al respecto, el gobierno mexicano también reprochó a la Corte el “madruguete” por paralizar la reforma electoral de López Obrador la noche de un viernes sin notificar a las autoridades, cuando ya no existe actividad en ninguna institución o dependencia del servicio público.
“No había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, aseguró.
En este sentido, detalló que los órganos del estado no están facultados para la admisión de controversias de esta índole, debido a que no le corresponde al INE cuestionar las leyes o normas que expide el Poder Legislativo.
Otro de los aspectos que puso en entredicho el gobierno de AMLO es que se realizó una suspensión de todo el decreto, mientas el órgano electoral solo presentó el recurso legal sobre algunos artículos que obstaculizan su funcionamiento.
“Es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria”, precisó.
El llamado a los ministros de la Corte, por parte de la Presidencia, es que actúen conforme al orden constitucional, en el marco de sus atribuciones, y no se permitan arbitrariedades que atenten contra las leyes.
Calificó como preocupante el supuesto desconocimiento de la ley por el ministro Javier Laynez y aseguró que no se permitirá que se violente la Constitución Mexicana.
