Las presiones sobre Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) no han terminado, ahora debe revelar los documentos que acrediten que se recuperó la totalidad de los 950 millones de pesos que se usaron de manera irregular para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021.
Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) expuso que la finalidad de Segalmex es garantizar el derecho a una alimentación adecuada para los grupos venerables, pero no lo hizo porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la compra de maíz, frijol y leche, correspondientes a la cuenta pública 2020 y 2021.
También puedes leer: Dictan prisión preventiva a 4 militares implicados en muerte de jóvenes en Nuevo Laredo
Además de la inversión de recursos financieros provenientes de Liconsa y Diconsa por 850 y 100 millones de pesos, respectivamente, en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados, de los cuales, Segalmex no tuvo control directo.
“Esto es opuesto a los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que dictan que éstas solo podrán realizar inversiones bajo supuestos específicos y donde no se pierda el control directo”, dijo.
La solicitud de esta información la hizo una persona, a quien solo le proporcionaron una tabla con los movimientos de los 100 millones de pesos utilizados, por lo que interpuso un recurso de revisión en el que se queja de la entrega de información que no corresponde con la solicitada.
Aunque Segalmex sí ordenó que la Unidad de Administración y Finanzas proporcionara la información, solo entregó los movimientos realizados con los 100 millones de pesos, pero no demuestra la recuperación del dinero ni confirma la devolución efectiva a alguna cuenta bancaria.
“El Inai revocó la respuesta de Segalmex y le instruyó realizar una nueva búsqueda de la información solicitada en todas las áreas competentes y entregar a la persona la expresión documental que dé cuenta de la recuperación del 100% de los recursos empleados para la compra de certificados”.