Cada vez es más preocupante el incremento que la obesidad tiene en México, especialmente la obesidad infantil, pues se prevé que -de continuar las tendencias actuales- siete millones de personas, entre cinco y 19 años, vivirán con esa enfermedad en el año 2030, lo que representa el 43% de mencionada población.
En el marco del día del niño, las organizaciones civiles de la Alianza por la Salud Alimentaria hicieron un pronunciamiento para visibilizar la profunda preocupación por la inacción del Estado en la garantía del derecho a la salud y bienestar de niñas, niños y adolescentes en México.
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“Nuestro país presenta uno de los mayores retos en salud pública por malnutrición, actualmente ocupa el 5º lugar de obesidad en el mundo, y advierte un aumento particularmente rápido de la obesidad infantil. De continuar con las tendencias actuales, se prevé que para 2030, 7 millones de niñas y niños de 5 a 19 años vivirán con dicha condición (43% de la población)”, explicaron las organizaciones.
La obesidad infantil no sólo afecta la calidad de vida, la educación, la salud física y mental. También tiene consecuencias económicas catastróficas e insostenibles para el país, puesto que su atención asciende a más de 650 mil millones de pesos (3% PIB). “Dichos costos no toman en cuenta los demás factores de riesgo, como la diabetes”, explicaron.
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Mala alimentación, uno de los principales problemas en México
Uno de los principales determinantes de la epidemia de obesidad infantil es la mala alimentación, detonada por entornos no saludables y “acompañada de una publicidad desmedida y agresiva de productos malsanos que invaden cualquier ambiente donde se desenvuelven niñas y niños, incluyendo las escuelas; y el Estado es quien debería velar y proteger el bienestar de los estudiantes y garantizar sus derechos como una prioridad por encima de cualquier interés público y privado”, advirtieron las organizaciones.
Escuelas no cumplen con regulación en alimentos y bebidas
Estudios realizados por El Poder del Consumidor evidenciaron que 97% de las escuelas -a nivel nacional- no cumplen con la regulación actual sobre la venta de alimentos y bebidas. Esto permite que se siga incentivando el consumo de frituras, dulces, botanas y bebidas azucaradas. “El consumo de estos productos representa casi la mitad de las calorías diarias en tan sólo cinco horas de la jornada escolar”, añadieron.
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Además, durante el ciclo escolar 2020-2021 niñas y niños estuvieron expuestos hasta 20 anuncios de productos no recomendados únicamente en las plataformas educativas, sin tomar en cuenta cualquier otro medio digital, motivando el deseo por consumir productos malsanos que vulneran su desarrollo.
La CNDH y organismos internacionales han hecho un llamado al gobierno mexicano para priorizar las políticas de alimentación escolar como acciones prioritarias, factibles y rentables para combatir la epidemia, reconociendo que la buena salud, la nutrición y el bienestar son esenciales para maximizar el potencial social.
Exigen cumplir promesas inconclusas con el bienestar de las infancias
Las organizaciones civiles hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas a emprender acciones urgentes para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente en garantía de sus derechos. Para ello exigen:
- Aprobar en sus términos la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria en las escuelas. La minuta se encuentra en la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y aún no ha sido votada.
- Actualizar los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en la cual se prohíba el expendio, venta y publicidad de productos ultraprocesados. Dicha regulación, fue diseñada hace más de 12 años con conflicto de interés a favor de la industria de alimentos.
- Hacer cumplir las disposiciones establecidas por el Reglamento de Control Sanitario y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, así como la pronta publicación de los lineamientos correspondientes, que regulen la publicidad de productos ultraprocesados en TV, internet, medios digitales, espacios físicos y otros medios. Actualmente, la infancia se encuentra altamente expuesta a publicidad engañosa en diversos medios de comunicación y espacios públicos.
- Negar cualquier proyecto de sentencia en contra del Etiquetado Frontal de Advertencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como acción para proteger la salud de las infancias. El gobierno tiene la obligación de proteger los derechos a la salud y a la alimentación, y los derechos de la Infancia ante cualquier presión de la industria alimentaria.
- Mantener y fortalecer la estructura actual de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA porque en su posición actual, es la única instancia que da respuesta a numerosas problemáticas que viven niñas, niños y adolescentes en el país. Pedimos frenar la propuesta de ley y abrir un dialogo para robustecer las capacidades operativas de la SEGOB y de la SIPINNA, de no hacerlo significaría un retroceso de más de 30 años en materia de derechos de la infancia.
