El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), a través del Centro de Investigación en Política Pública, advirtió diversas barreras gubernamentales que impiden el sano aprovechamiento del agua en la república, mismas que se pueden acrecentar si el fenómeno de calentamiento global continúa, pues las sequías pueden empeorar.
La primera cosa que señaló el IMCO fue que es fácil evadir el cumplimiento de las reglas del sistema hídrico, pues la responsabilidad de éste se divide entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los organismos de cuenca.
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Otra área de oportunidad es el marco legal regulatorio del agua, mismo que se encuentra estancado desde 2012, pues la Ley General de Aguas debe de transformarse para una gestión eficiente de este recurso. Ambos recursos convergen en que los gobiernos y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deben de establecer mecanismos más responsables de coordinación para mejorar el aprovechamiento hídrico.
Cabe recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México utiliza el 76% de su agua para el sector agrícola, el 14% en abastecimiento público, el 5% para hidroeléctricas y otro 5% para la industria, por lo que la escasez de este recurso, indirectamente, atenta con la soberanía alimentaria que planteó el gobierno de López Obrador.
De regreso a su informe, la organización civil señaló a través de un comunicado publicado este martes 20 de junio que existen deficiencias en los sistemas de medición y monitoreo relacionados al consumo de agua, ya que el 97% de los títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tienen medidor.
Aunado a ello, se disminuyeron las tareas de vigilancia a la infraestructura hidráulica; mientras que entre 2011 y 2018, anualmente se promediaban más de 8 mil visitas de vigilancia, entre 2019 y 2022 se promediaron 2 mil 300. Esto tuvo como consecuencia el aprovechamiento desmedido de las fuentes de agua y que proliferen las tomas clandestinas.
Como si esto no bastara, el presupuesto para la Conagua se redijo drásticamente entre 2014 y 2022. Conforme a lo señalado por el IMCO, en un periodo de ocho años, se pasó de 63 mil millones de pesos a 30 mil 300 millones de pesos como presupuesto a la Comisión. No obstante, se reconoció que para 2023 se asignaron 68 mil 450 millones, lo que puede ser aprovechado, pero se considera insuficiente. Por ello promueve tres recomendaciones:
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso de la Unión deben garantizar recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología y recursos humanos con el fin de desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable.
2. La Conagua y el Congreso de la Unión deberán ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea que reflejen la disponibilidad anual y no superen la disponibilidad ambientalmente sostenible.
3. La Conagua y la Profepa deben garantizar inspecciones y vigilancia suficientes para los sistemas de aguas. Aunque es un mandato por ley, en la práctica estas acciones son limitadas e insuficientes para los riesgos que enfrenta el país en términos de contaminación y sobreexplotación. Esto abre camino a la corrupción y promueve un uso ineficiente del agua.
