Rechaza el informe de HRW sobre abusos a tigrayanos deportados por Arabia Saudí
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Etiopía han subrayado que la decisión de no continuar su ofensiva contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en la región de Tigray (norte) pretende «dar tiempo» a los habitantes de la región para «reconsiderar» el papel del grupo en la política en el país.
Las autoridades etíopes anunciaron el 24 de diciembre que no realizarían nuevos avances contra el TPLF en Tigray –a donde se replegó el grupo–, tras una ofensiva que en las semanas previas permitió al Gobierno recuperar los territorios que controlaba el TPLF en las regiones de Amhara y Afar.
El jefe del Servicio de Comunicaciones del Gobierno etíope, Legese Tulu, ha manifestado en un comunicado que «la decisión del Gobierno de no entrar en Tigray tras el TPLF busca dar a la población tigrayana una oportunidad de considerar su pérdida de tiempo y distanciarse del grupo terrorista».
Así, ha subrayado que el Ejército logró recuperar todos los territorios en las regiones de Amhara y Afar tras los últimos combates y ha añadido que las autoridades «son conscientes» de la crisis en Tigray y «están preparadas para cumplir con su parte a la hora de hacerle frente».
Legese ha explicado que para ello es necesario que el TPLF, «que quiere vivir únicamente en guerra», debe poner fin al conflicto, mientras que la población y la comunidad internacional «deben jugar su parte para llevar a la región de vuelta a una vida pacífica para resolver sus problemas socioeconómicos».
Por ello, ha reclamado a los tigrayanos que «inicien la lucha» para distanciarse del TPLF y «no sólo condenar las acciones de un grupo que ha hecho poco por sus intereses, sino que ha actuado en detrimento suyo», según un comunicado publicado por el Servicio de Comunicación del Gobierno en su página en la red social Facebook.
Asimismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores etíope, Dina Mufti, ha denunciado además «provocaciones» y ataques con artillería por parte del TPLF contra el norte de la región de Afar y ha denunciado que esta situación ha afectado al proceso de entrega de ayuda humanitaria.
Dina ha pedido a la comunidad internacional que condene estos actos del TPLF y ha argumentado que los atques contra las rutas de suministro de ayuda humanitaria muestran «el desprecio» del grupo por la población de Tigray, según ha recogido la cadena de televisión etíope Fana.
Por su parte, el portavoz del TPLF, Getachew Reda, ha denunciado ataques con drones por parte del Ejército en Tigray y ha aputnado que «decenas» de personas han muerto en zonas «muy alejadas» de los frentes de combate.
«Todas las pérdidas que sufren las fuerzas de (el primer ministro etíope) Abiy (Ahmed) conllevan ataques gratuitos contra los civiles», ha manifestado Getachew a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter junto al ‘hashtag’ #TigrayShallPrevail (Tigray prevalecerá).
ETIOPÍA RECHAZA LAS ACUSACIONES DE HRW
En otro orden de cosas, Dina ha rechazado el informe publicado por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) sobre la detención, maltrato y desaparición de personas deportadas de Arabia Saudí a Etiopía.
La investigadora especialista en derechos de los refugiados y los migrantes de HRW, Nadia Hardman, afirmó en el informe que «los migrantes de la zona de Tigray que han sufrido abusos horribles bajo la custodia de Arabia Saudí están siendo encerrados en centros de detención al regresar a Etiopía».
La ONG denunció que las autoridades han trasladado a los deportados hasta varios centros de recepción en Adís Abeba, donde algunos permanecían detenidos de forma ilegal, mientras que agregó que se detiene a los deportados en los puestos de control de las carreteras y en el aeropuerto de Semera, en la región de Afar, trasladándolos a centros de detención en el sur del país.
«El informe no sólo es infundado sino que es una acción irresponsable que busca desacreditar todos los esfuerzos que el Gobierno de Etiopía ha realizado para aliviar el dolor de los ciudadanos que han regresado desde Arabia Saudí», ha dicho.
En este sentido, ha incidido en que «el informe de HRW parece acusar al Gobierno de Etiopía de no enviar a los retornados a zonas afectadas por el conflicto». «Intentar hacer avanzar intereses políticos a costa de los retornados está más allá de lo comprensible», ha zanjado.
El conflicto estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.
El propio Abiy se trasladó a finales de noviembre al frente de guerra para encabezar las operaciones militares y recientemente regresó a la capital tras los últimos avances del Ejército, mientras que el TPLF ha rechazado hasta la fecha un diálogo con Abiy si no se cumplen sus condiciones y ha abogado abiertamente por la dimisión del primer ministro.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
