Bamako critica que la organización «se deje instrumentalizar por potencias extrarregionales con motivos ocultos»
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Malí han tildado de «ilegales» e inhumanas» las sanciones anunciadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) contra la junta militar instaurada tras el golpe de Estado de agosto de 2020 por la falta de avances en la transición de cara a la celebración de elecciones para devolver el poder a las autoridades civiles.
Los líderes de la CEDEAO respaldaron el domingo las medidas aprobadas unas horas antes por la Unión Económica y Monetaria de África occidental (UEMOA) por la que se congelan los activos malienses dentro del área del Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO).
Asimismo, decretó el cierre de las fronteras entre Malí y los estados miembro de la organización e imponer un embargo de mercancías que no afecta a suministros médicos y productos esenciales, al tiempo que acordó retirar a los embajadores en Malí de sus países miembro e impuso otras sanciones relacionadas con la ayuda financiera.
En respuesta, el portavoz del Gobierno maliense, Abdoulaye Maiga, ha anunciado que Bamako recurre al principio de reciprocidad y ha decretado el cierre de fronteras y la retirada de sus embajadores en los países de la CEDEAO, al tiempo que ha indicado que Malí «se reserva el derecho a reexaminar su participación en la CEDEAO y la UEMOA».
Maiga ha leído un comunicado de la junta en el que ha dicho «lamentar» que «las organizaciones subregionales se dejen instrumentalizar por potencias extrarregionales con motivos ocultos», según ha recogido el portal maliense de noticias Maliweb.
En este sentido, ha denunciado que «estas sanciones llegan en un momento en el que las fuerzas de defensa y seguridad recogen los resultados espectaculares sobre el terreno de la lucha contra el terrorismo, al tiempo que ha apuntado a la existencia de un complot contra el país africano.
Por otra parte, ha afirmado que las sanciones contrastan con los esfuerzos del Gobierno para llevar a cabo un diálogo con el bloque para fijar un calendario para el proceso de transición, después de que las autoridades militares anunciaran que extenderían este periodo de 18 meses a cinco años, ante las críticas internacionales.
Sin embargo, los cinco años planteados por los militares son exageradamente largos para la CEDEAO –que ya anunció sanciones contra Malí en noviembre–, que sospecha de los argumentos proporcionados por la junta. Los militares remiten a la persistente inseguridad en el país, plagado de violencia de todo tipo, y la necesidad de reformas constitucionales para garantizar la fiabilidad de los comicios.
El golpe de Estado de agosto de 2020 derrocó al entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, tras semanas de manifestaciones por la crisis económica y el deterioro de la seguridad. La junta designó a un presidente y a un primer ministro de transición, si bien ambos fueron derribados en una segunda asonada en mayo de 2021 que elevó finalmente al líder de la misma, Assimi Goita, al cargo de presidente.
Si bien Goita prometió en un primer momento que mantendría los plazos, durante los últimos meses el nuevo primer ministro, Choguel Maiga, indicó en varias ocasiones que las elecciones podrían ser aplazadas, lo que provocó críticas de la CEDEAO y de diversos partidos políticos malienses.
En este sentido, una coalición de partidos políticos expresó el 2 de enero su rechazo al plan presentado por el Gobierno para extender el periodo de transición hasta los cinco años, que tildaron de «unilateral y poco razonable». Así, denunciaron que «prolonga la transición a un periodo acumulado de seis años y seis meses».
Así, el Marco de Partidos y Agrupaciones Políticas para una Transición Exitosa dijo que el nuevo calendario presentado por Goita «viola la ‘hoja de ruta'» y ha sido aprobado «sin ser sometido a discusión en Malí». De esta forma, subrayó que «no satisface de forma alguna las aspiraciones profundas del pueblo maliense».
Para complicar las cosas, el propio Gobierno en funciones ha admitido la presencia de instructores militares rusos en el país, bajo un mandato parecido al que otorgaron a la misión de entrenamiento de la Unión Europea, mientras varios países de la Unión Europea (UE) acusan a su vez a las autoridades malienses de contratar mercenarios del grupo ruso Wagner para potenciar la seguridad nacional.
