SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) — Tras romper con 60 años de bipartidismo en Costa Rica y gobernar durante dos periodos consecutivos, el Partido Acción Ciudadana se quedó con las manos vacías en la elección nacional del domingo.
La fuerza que llevó a la presidencia a Luis Guillermo Solís en 2014 y a Carlos Alvarado en 2018 apenas cosechó el 0,66% de los votos, según el último corte de resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones.
Al Partido Acción Ciudadana (PAC) tampoco le alcanzó para colocar a un diputado en alguna de las siete provincias del país, por lo que en la próxima Asamblea Legislativa los colores rojo y amarillo de su bancada estarán ausentes.
Para el candidato oficialista y actual diputado Welmer Ramos no era sencillo sacudirse los múltiples reproches y la impopularidad que arrastra su partido ante la desilusión del frustrado “cambio” que habían prometido.
El politólogo Francisco Barahona señaló a los gobiernos de Solís y Alvarado como los grandes responsables de la caída del PAC, al punto de generar un sentimiento “casi de venganza” entre la población, que los castigó en las urnas.
Casos de corrupción, la aprobación de una controvertida reforma fiscal, el desempleo y hasta el manejo de las restricciones en la pandemia de COVID-19 forman parte de la lista de quejas de la población, al punto de haber popularizado -en tono de broma- la frase “es culpa del PAC” para dar explicación a algo que está mal.
Para Barahona el PAC nunca tuvo una dirección ideológica clara y se debatió entre posturas muy cercanas a la derecha en lo económico y más progresistas en los derechos humanos, además de traicionar la promesa que le hizo al electorado: la ética.
“El tema ético juega mucho, porque el partido no luchó por evitar corrupción ni quiso gobernar para las mayorías progresistas que los eligieron, por eso la gente prefirió borrarlos del mapa”, comentó Barahona.
Las dos administraciones del PAC sumaron algunos sonados casos de corrupción como un decreto que permitía la importación de cemento desde China a un empresario que consiguió diversos préstamos de la banca pública y al que ahora se lo acusa de estafa. Solís y su gobierno fueron señalados de haber facilitado los préstamos y trámites aduaneros al empresario Juan Carlos Bolaños. Las acusaciones contra los funcionarios públicos fueron desestimadas y Bolaños sigue a la espera de juicio.
Por su parte, a Alvarado se lo acusa de crear por decreto una Unidad de Análisis de Datos que solicitó a las instituciones públicas acceso a información sensible de la población -como nivel de ingreso y expedientes médicos- bajo el pretexto de tener mejor información para formular políticas públicas. El acceso a esos datos debía darse por medio de una ley aprobada por el Congreso. La Fiscalía ha pedido que se levante la inmunidad a Alvarado.
A diferencia de las dos fuerzas que se alternaron en el poder en Costa Rica por 60 años -Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana-, Barahona cree que el PAC nunca logró consolidar una estructura sólida de partido y no logró desarrollar la suficiente fidelidad de quienes le “prestaron” su voto.
Sin haber logrado al menos un 4% de los votos ni tener diputados electos, el PAC no tendrá derecho al financiamiento estatal tras la campaña y se verá en serios problemas para subsistir, sobre todo con la carga de una condena por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones por la que debe pagar más de 350.000 dólares.
El expresidente Solís dijo en sus redes sociales que esta derrota debe llevar a una “profunda reflexión”, “reposada, rigurosa y fraterna”.
“El soberano se respeta y su opinión, trasladada de forma contundente al PAC, no admite apelaciones”, agregó.
Barahona también reprochó el papel del fundador y líder histórico del partido, Ottón Solís, quien ha sido asesor “cercano y secreto” del actual gobierno pero que ha intervenido poco para dar dirección a la agrupación que cambió la política costarricense desde su irrupción en el año 2000.
Ahora el PAC y sus últimos diputados serán simples espectadores de la segunda ronda electoral del 3 de abril en la que se decidirá si el expresidente José María Figueres o el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, encabezarán el próximo gobierno a partir del 8 de mayo.
