El nuevo ministro de Justicia de Perú habría solicitado anular una condena de un hombre sentenciado a 25 años por violar a una menor
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El nuevo primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha anunciado en su primera rueda de prensa que solicitará a todos los integrantes del actual gabinete un certificado de antecedentes de violencia sobre la mujer en el marco de las acusaciones contra Héctor Valer, que dimitió por las denuncias por parte de su esposa e hija.
«Estoy solicitando a cada uno de ellos si tiene algún antecedente al respecto. Desde el Ministerio de la Justicia hemos defendido a la mujer y se le ha defendido desde el Defensoría Pública», ha señalado Torres, según recoge el diario peruano ‘La Tercera’.
Por su parte, el recién nombrado ministro de Salud, Hernán Condori, investigado por presuntos delitos de corrupción y en medio de las recientes críticas que le sitúan en el sector antivacunas, ha declarado que su compromiso es seguir con la vacunación.
«La COVID-19 no lo es todo, pero a mí me gusta el trabajo preventivo provisional y eso es lo que vamos a hacer», ha resaltado junto al resto de los miembros del gabinete, presidido por Aníbal Torres.
El exministro de Salud, Óscar Ugarte, ha criticado su designación y ha recalcado que puede ser «un retroceso» debido a que la gestión en el Ministerio «tenía una continuidad importante tanto por adquisición de las vacunas como en la estrategia de la aplicación».
«Uno por las posiciones que el propio doctor (Condori) ha defendido en otro momento, por ejemplo el uso de la ivermectina como alternativa, que ya quedó en desuso y se ha demostrado muchas veces. Y otro por su cercanía a grupos antivacuna dentro del grupo de Perú Libre», ha señalado Ugarte en declaraciones a RPP.
La Defensoría del Pueblo de Perú también se ha sumado a las críticas al nuevo primer ministro y ha hecho un llamamiento al Congreso para que actúe con el fin de «evitar que se produzca un debilitamiento del Ministerio de Salud y de la campaña de vacunación».
Condori se desempeñó como director de la Red de Salud de Chanchamayo y fue director de la Dirección Regional de Salud en 2019 y 2020, respectivamente, como parte de la gestión de Perú Libre en la administración regional.
La prensa peruana ha recogido que la Fiscalía Anticorrupción de La Merced abrió una investigación contra el nuevo ministro por los presuntos delitos de cobros indebidos y negociación ilícita, que se habrían cometido en 2019.
MINISTRO DE JUSTICIA
El nuevo ministro de Justicia, Ángel Yldefonso Narro, habría participado como abogado en la defensa legal de Carlos Yasmani Tuesta Huamán, condenado en 2012 a 25 años de prisión por violar a una menor, según recoge el periódico ‘El Comercio’.
Yldefonso Narro habría solicitado en 2014 la anulación de la condena y habría argumentado su inocencia debido a que fue amenazado por un tercero que, según él, habría sido el verdadero perpetrador del delito.
Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió rechazar el recurso al considerar que la declaración mostrada era una «manifestación unilateral» y argumentó que no era suficiente para desestimar las otras pruebas que terminaron por determinar la culpabilidad de Carlos Yasmani Tuesta, según recoge ‘La Tercera’.
CONSEJO DE MINISTROS
Este miércoles ha tenido lugar el primer consejo de ministros del nuevo gabinete ministerial, el cuarto en cerca de seis meses, tras la dimisión de Valer y la crisis política desatada por la recomposición del Gobierno liderado por el presidente peruano, Pedro Castillo.
«No tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie. Soy muy consciente del papel que tengo que desempeñar en el ejercicio de este cargo, así como todos los ministros. Tienen un gabinete dialogante que contestará siempre que lo soliciten», ha dicho Torres en el marco de este primer encuentro, según ha publicado la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Ministros.
Sobre otros temas, Torres se ha mostrado partidario de la economía social de mercado, regulada en la Constitución; ha reconocido que trabajarán para mejorar la educación presencial y ha remarcado la intención del gabinete de «desarrollar a los pueblos fronterizos en coordinación con los países vecinos».
