En 2021 fueron renovadas las gubernaturas en 15 estados de México, uno de ellos fue Nuevo León, tras la conclusión del sexenio del primer gobernador independiente del país, Jaime Rodríguez Calderón, cuya administración dejó un mal sabor de boca a los regiomontanos debido a distintos motivos, por los cuales fue detenido por la autoridad de justicia el pasado 15 de marzo.
Rodríguez Calderón no es el único que deberá rendir cuentas por prácticas irregulares a lo largo de su administración. Paralelamente, otros gobernadores y gobernadoras de la zona norte de México están indagando respecto a presuntos delitos cometidos durante las gestiones de sus antecesores.
Chihuahua: Javier Corral
En Chihuahua, la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, ha mencionado en distintas ocasiones que hay carpetas de investigación abiertas en contra del ex mandatario estatal, Javier Corral Jurado.
Ello luego de que la Auditoría Superior de la Federación revelara que en Chihuahua fueron detectadas múltiples irregularidades en la cuenta pública del 2020, cuando Javier Corral era gobernador.
En las aportaciones federales que Chihuahua recibió en 2020, la auditoría hizo observaciones por mil 894 millones 672 mil 608.96 pesos donde destacaron los pagos de la nómina educativa, en la cual había gastos en sueldos de maestros muertos y otros que nunca se presentaron a dar clases.
La actual gobernadora señaló que actualmente se encuentran trabajando en ordenar las finanzas públicas del estado, tras las irregularidades que asegura, dejó la pasada administración encabezada por Javier Corral.
“Para aquellos que luego decían que una servidora representaba la corrupción, yo los retaría y les apostaría a que checáramos las cuentas públicas que dejó el Gobierno del Estado en el año 2020 y las del Municipio en ese mismo año, tanto de la Auditoría Superior de la Federación y de la del Estado, para ver quién es quién”, dijo Maru Campos.
En otra entrevista, Campos Galván dio a conocer que se encuentran abiertas carpetas de investigación contra Corral en la Fiscalía General General del Estado y en la Secretaría de la Función Pública.
“El señor tiene un montón de expedientes ya, entonces en su caso, ya estarán viendo las acusaciones de violencia política de género, de fraude, desvío de recursos, peculado, van a ser muchísimas cosas, entonces, pues por lo que sea, tendrá que dar la cara como el gran simulador que es, a ver si es que tiene el valor de dar la cara”, expresó.
Maru ha dado a cuenta también que el ex gobernador se fue dejando obras inconclusas y recursos faltantes en la entidad, por ejemplo, 60 millones de pesos que debieron ser entregados al campo y no pudieron localizar, así como ‘un maratón de tiradero de obras’ en las cuales se deberán invertir cerca de 500 millones de pesos para poderlas terminar.
“Esos 60 millones de pesos, es un apoyo que se supone que se le debería de dar a los productores, pero no se les dio, y pues bueno, quisiéramos saber en dónde está el dinero.
“Hubo un maratón de tiradero de obras del quinquenio pasado; hay investigación y las denuncias ya están en proceso”, manifestó Campos Galván.
Además, un juez del poder judicial acusó a Javier Corral y funcionarios allegados a él de extorsión, luego de haber sido presionado para que vinculara a proceso a Maru Campos durante su periodo de campaña.
“Le mentiría si no le dijera que hubo acercamientos y algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno”, confesó el juez Uriel Mendoza a El Diario de Chihuahua.
El pasado 08 de marzo, la fachada de la casa de Javier Corral amaneció con pintas donde lo acusaban de ‘asesino’ y ‘robaviejitas’, vinculandolo principalmente a los crímenes en los cuales se asesinó a la periodista Miroslava Breach, a la activista Isabel Cabanillas y al despojo de la vivienda de una ciudadana de la tercera edad en el estado de Chihuahua.
Baja California: Jaime Bonilla
El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ha sido señalado múltiples veces en la esfera pública, debido a que se le acusa de diversos crímenes.
El de mayor peso es el asesinato de la periodista tijuanense, Lourdes Maldonado, ante quien Bonilla acababa de perder una demanda laboral.
En 2019, Lourdes Maldonado acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dio a cuenta sobre la demanda que estaba llevando contra Jaime Bonilla, ante lo cual dijo, textualmente, que ‘temía por su vida’.
Ya en 2022, la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inició un proceso judicial contra una empresa contratada durante la administración de Bonilla para construir una planta fotovoltaica que no contaba con los permisos federales, sin embargo, sí se pagó.
Recientemente Marina del Pilar exigió al banco Afirme, donde se encuentra el dinero pagado a la empresa que construiría la planta fotovoltaica, que regresaran, tal como lo ordenó la autoridad judicial, 123 millones de pesos que les fueron entregados en el mes de febrero.
Asimismo, se ha contemplado que funcionarios de su administración se enfrenten a acusaciones de crímenes como abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado por hasta 12 mil millones de pesos.
Las denuncias fueron interpuestas a través de la Secretaría de Hacienda del estado y el Consejo Jurídico, señalando a siete funcionarios.
Además, en el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación fueron observados 200 millones de pesos en la cuenta del 2020 de Baja California, a lo que Ávila Olmeda contestó que en caso de no ser justificable, presentarán una acción de responsabilidad contra el gobierno de Jaime Bonilla.
Próximamente, Cabeza de Vaca
En 2020, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca fue señalado por Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, por haber recibido una cantidad millonaria de sobornos para aprobar la reforma energética propuesta durante el sexenio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Desde entonces, el todavía gobernador de Tamaulipas no ha podido escaparse de los reflectores, cuyos señalamientos solamente están esperando a que concluya su sexenio este 2022 y le sea retirado por completo el fuero constitucional.
La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por los supuestos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
En abril del 2021 le fue retirado el fuero por el Congreso de la Unión, lo cual más tarde fue revertido de manera provisional por un juez federal, a raíz de un amparo interpuesto por el gobernador, lo que hizo que no se pueda ejecutar la orden de aprehensión en su contra.
En dos ocasiones, Cabeza de Vaca promovió una controversia constitucional en contra de la orden de aprehensión que le fue girada. Ambas fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de que se determinara que el caso del gobernador ya había sido juzgado.
El pasado 15 de marzo, el mandatario tamaulipeco presentó su último informe de gobierno en medio de una ola de desprecio, abucheos y gritos de reclamo.
