CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en Guatemala a favor de la niñez denunciaron el miércoles que existe un 96% de impunidad en los casos que la justicia guatemalteca revisa y en los que niñas y niños son las víctimas.
Las organizaciones además anunciaron la creación de una plataforma junto a madres y padres de 41 niñas que murieron quemadas tras el incendio en un hogar estatal de acogida en 2017 para apoyarles en la búsqueda de justicia, pues hasta hoy nadie ha sido condenado por el hecho que dejó 15 sobrevivientes.
Carolina Escobar, de la organización Alianza Guatemala, dijo en conferencia de prensa que la plataforma llamada “Justicia para las 56” apoyará a las familias antes de que inicie un debate público contra las 12 personas acusadas por el incidente. “Cinco años han pasado tras el incendio y la justicia aún no parece cercana para las víctimas”, dijo Escobar. La activista dijo que hay «un uso malicioso de la justicia» debido a la tardanza del proceso por ausencia de espacios físicos para las audiencias o por decisiones unilaterales de los jueces que han encabezado los procesos.
Leonel Dubón, de la organización Refugio por la Niñez, dijo que no existe una justicia pronta para los casos judiciales donde los niños son víctimas, pues el 96% queda en la impunidad. Añadió que los procesos en los tribunales tienen un promedio de duración aproximado de cuatro años para resolverse.
“Hicimos un muestreo de esta situación de más de 27,000 casos que conocemos. Hoy día se están resolviendo y condenando personas de hechos cometidos en 2015″, explicó Dubón a The Associated Press.
Vianney Hernández, madre de Ashley Angelie Rodríguez Hernández, una de las niñas fallecidas en el Hogar Seguro, dijo que como madre lamentaba que durante cinco años no haya habido una respuesta de la justicia y del estado por la muerte de su hija. “Vamos a seguir aquí para contar la historia de nuestras hijas. Aquí el Estado no está interesado en la niñez”.
La madre de la menor fallecida dijo que han sufrido humillaciones y regaños por parte de jueces y acusados; incluso a los familiares les tienen prohibido portar camisetas con fotografías de las niñas en las audiencias judiciales.
Esteban Celada, abogado de las familias, explicó que son 12 las personas que enfrentaran juicio por este hecho, entre ellos siete funcionarios, tres monitoras (personas a cargo del cuidado de las niñas en el hogar) y dos expolicías, todos acusados por las muertes.
El 8 de marzo de 2017, cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer, más de 40 niñas —que estaban recluidas por orden de un juez debido a distintas situaciones que ponían en peligro o riesgo su vida— en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el municipio San José Pinula, murieron quemadas tras un incendio en una pequeña aula donde las habían encerrado.
Todo comenzó un día antes, cuando las niñas cansadas de haber denunciado maltratos y violaciones en el albergue decidieron huir. La huida duró poco tiempo y fueron detenidas por la policía y devueltas al hogar. Cómo castigo fueron encerradas en una de las aulas. Sin comida y sin acceso a sanitarios, algunas niñas prendieron fuego a colchonetas a modo de protesta y el fuego rápidamente se propagó.
Las organizaciones también denunciaron que ninguna de las denuncias que antecedieron a la tragedia y habrían señalado una posible red de trata de personas con fines de explotación sexual se ha investigado.
