BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que las compañías que ofrecen servicios de comunicación online apliquen la misma tecnología con la que logran bloquear envíos de ‘spam’ o virus para detectar y denunciar la difusión entre sus usuarios de archivos en los que se muestran abusos de menores.
«Estoy preparada para escuchar críticas de compañías porque puede que detectar material con abusos sexuales de menores no sea rentable. Pero es necesario», ha asegurado la comisaria de Interior, Ylva Johansson, al presentar en una rueda de prensa su propuesta legislativa.
La socialista sueca ha recalcado las nuevas reglas que planeta no afectan al encriptado de contenidos difundidos en la red sino que buscan luchar contra quienes usan Internet para difundir material pedófilo, al tiempo que ha advertido a los críticos de que «el material con abuso de menores es siempre ilegal en la UE, no importa cuál sea el contexto».
De este modo, Johansson ha recurrido a la imagen de buscar una «aguja en un pajar con un imán» para explicar que el imán sólo atraerá la aguja que se busca sin prestar atención a lo que la envuelve. «Así es cómo se usa hoy la tecnología para detectar ‘Spam’ o ‘malware’ cuando buscas algo específico», ha remachado la comisaria, para rechazar que las nuevas reglas supongan controlar el resto de comunicaciones.
Así, una de las claves de la reforma es obligar a los proveedores de servicios de alojamiento de comunicaciones interpersonales a realizar evaluaciones de riesgo
y prever medidas para evitar que su plataforma sea utilizada para difundir archivos de abusos infantiles o para captar menores.
Además, los Estados miembro deberán designar autoridades nacionales encargada de revisar las evaluaciones de riesgo llevadas a cabo por las compañías de modo que puedan solicitar una orden judicial en caso de sospecha grave para poder realizar una vigilancia específica y limitada en el tiempo que permita detectar si ha habido abuso o manipulación infantil.
Con la orden judicial, el proveedor sólo podrá utilizar parámetros que hayan sido facilitados y validados por el Centro Europea contra el Abuso Sexual Infantil (EU Center), una nueva agencia que Bruselas quiere crear para contar con un órgano independiente que ayude a la lucha contra la pedofilia y asesore a los Estados miembro. Será también a este nuevo centro a donde las compañías que identifiquen un caso deberán acudir para denunciarlo.
Sobre el tipo de tecnología aplicable, que la comisaria ha comparado a la utilizada por los servidores para bloquear contenidos maliciosos o ‘spam’, la propuesta aclara que estos filtros deberán ser «lo menos intrusivos» para la privacidad posible y limitar al máximo el margen de error de falsas detecciones de riesgo.
En cuanto a la eliminación de los contenidos ilegales que afectan a menores, Bruselas aboga porque las autoridades nacionales puedan intervenir y dictar órdenes de eliminación de contenidos en caso de que las plataformas responsables no hayan retirado rápidamente los archivos controvertidos.
Los proveedores de acceso a Internet también deberán deshabilitar el acceso a imágenes y videos que no se pueden eliminar, por ejemplo, porque están alojados fuera de la UE en jurisdicciones no cooperativas.
Otras medidas contempladas en la propuesta son reducir la exposición de los menores impidiendo que tengan acceso a aplicaciones móviles de alto riesgo para ellos y reforzar la cooperación de Europol con las autoridades nacionales.
Coincidiendo con la propuesta, la Comisión ha presentado también este miércoles una estrategia diseñada para ofrecer contenidos y servicios en línea accesibles, adaptados a la edad infantil e informativos que redunden en el interés superior de los niños (Better Internet for Kids, BIK+).
«Queremos apoyar el acceso a dispositivos y formación digitales para los niños, especialmente los que se encuentran en una situación vulnerable, luchar contra el ciberacoso y proteger a todos los niños frente a los contenidos en línea nocivos e ilegales», ha dicho al respecto la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.
