Tras dos años de la aprobación de la Ley de Amnistía, encargada de la liberación anticipada de personas que sufrieron discriminación y vulnerabilidad, se ha registrado un aumento de la población privada de la libertad.
Desde el primer año de la aplicación de la Ley de Amnistía, se reflejó un aumento en las personas privadas de la libertad de centros penitenciarios de México. Con datos del Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hasta marzo de 2022, se reportaron 225 mil 843 personas privadas de la libertad en el país.
Lo que apunta que de marzo de 2020 al mismo mes de 2022 se confirme un aumento del 5.4% en la población carcelaria de México, con un total de 167 personas a nivel nacional que se han apoyado en la Ley de Amnistía, según la Comisión de Amnistía.
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Expansión Política realizó una entrevista a la abogada litigante senior de la organización Equis Justicia para las Mujeres, Amaranta Valgañón, quien asegura que “este número de 167 personas que reporta la Comisión de Amnistía es de quienes ya tienen el ‘sí’ por parte de la comisión, pero todavía no salen de prisión porque falta ver qué dice el juez. Es decir, todavía están a la espera de la resolución judicial, no han sido liberadas”.
La cifra que reflejó el documento de estadística penitenciaria nacional de diciembre de 2020, era de 28 mil 652 personas privadas de la libertad que se encuentran dentro del fuero federal; contra 28 mil 994 en el último registro de 2022.
El informe oficial asegura que la mayoría de las personas privadas de la libertad han recibido sentencia (un total de 133 mil 107, en el fuero común y en el federal), hay un universo de 92 mil 736 personas que están vinculadas a proceso, razón por la cual han aumentado las cifras de la población penitenciaria en el país.
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“Las personas que aumentaron la población en 5.4% son las que están en proceso de vinculación, no son personas sentenciadas. Esto es porque hay mucha más utilización de prisión preventiva oficiosa como un mecanismo para tener a las personas privadas de la libertad”, dijo en la entrevista a Expansión Política, Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta (integrante del Observatorio de Amnistías).
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