Los talibán afganos respondieron este viernes a las quejas de Naciones Unidas sobre la imposición del velo a las presentadoras de TV con el argumento de que la decisión no afecta en modo alguno a su compromiso con los derechos de las mujeres en el país y pide que se entienda como un rasgo cultural y religioso del país.
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El edicto, proclamado la semana pasada por el líder del movimiento fundamentalista, Hibatulá Ajunzada, y que entró en vigor el pasado domingo, fue respondido por una oleada de críticas y dudas sobre su aplicación.
La cadena afgana Tolo TV, una de las más destacadas del país, cuestionó que la presencia “virtual” de las presentadoras hacía innecesario el uso del velo y los compañeros masculinos de profesión se taparon la cara con mascarillas en señal de solidaridad.
“Dado que el pueblo de Afganistán es predominantemente musulmán, el Gobierno afgano considera que el uso del hiyab islámico coincide con la prácticas religiosas y culturales de la sociedad y aspiraciones de la mayoría de las mujeres afganas”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores talibán.
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No obstante, los talibán esperan de la comunidad internacional que sepa “discernir las realidades objetivas de la sociedad afgana”, y muestren “respeto hacia valores religiosos y culturales del pueblo afgano” y se abstengan de emitir juicios basados en “medios antagónicos o de propaganda de oposición al Emirato Islámico de Afganistán”, el nombre oficial del régimen.
Esta declaración tiene lugar después de que el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennett, concluyera su visita al país asiático con un mensaje a los talibán para que afronten los desafíos “urgentes” que tienen pendientes, incluido el respeto de las mujeres, a las que buscan hacer “invisibles” a golpe de restricciones.
“Insto a las autoridades ‘de facto’ a revertir inmediatamente las políticas y directivas que afectan negativamente a las mujeres, así como a priorizar los derechos y la participación de mujeres y niñas en la educación, el empleo y otros aspectos de la vida pública”, reclamó el relator.
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