España, uno de los principales mercados mundiales de la prostitución, espera reprimir esta práctica al ir en contra de las personas que explotan económicamente a las prostitutas, así como contra quienes adquieren sus servicios.
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El martes, la cámara baja del Parlamento dio el primer paso al aceptar debatir una propuesta del gobernante partido socialista que introduciría multas a quienes paguen por prostitutas.
El proyecto de ley no ilegaliza la prostitución, pero propone penas de prisión de entre tres y seis años, además de multas, para los proxenetas o facilitadores. También propone penalizar a quienes se lucren al facilitar conscientemente locales o apartamentos para el ejercicio de la prostitución.
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“En una democracia, las mujeres ni se compran ni se venden”, señaló Adriana Lastra, subsecretaria general del partido, ante el Parlamento.
La prostitución es legal, pero no está regulada en España
Las estadísticas precisas son difíciles de conseguir, pero un informe de la ONU de 2011 señala que España es el tercer mayor centro de prostitución a nivel mundial, sólo detrás de Tailandia y Puerto Rico.
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La rama española de Médicos del Mundo calcula que en España hay unas 350 mil mujeres en situación de prostitución y que el 80% de ellas son extranjeras sin documentación legal. El grupo afirmó que muchos clientes de la prostitución proceden del extranjero, ya sea como turistas, visitantes de negocios o camioneros.
“Las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración” de los derechos humanos, tuiteó el Partido Socialista.
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En la mayor parte de España, se pueden ver prostitutas en algunas calles del centro de las ciudades, y los burdeles de carretera, algunos de ellos de gran tamaño, son habituales en todo el país. También son comunes los anuncios de prostitutas en internet.
El proyecto de ley podría sufrir numerosos cambios a su paso por el Parlamento y podrían pasar muchos meses antes de que se apruebe.
La propuesta fue respaldada por el principal partido conservador de la oposición, el Partido Popular, lo que indica que podría aprobarse relativamente rápido.
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Algunos partidos políticos y expertos han argumentado que España debería regular la prostitución para proteger a las trabajadoras sexuales, en lugar de intentar eliminar la práctica.
Los socialistas afirmaron que la iniciativa pretende prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Añadieron que no pretende penalizar a las prostitutas, sino ofrecerles protección como víctimas de un delito. Otros países europeos, ya cuentan con una legislación similar.
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