LA HABANA (AP) — La Fiscalía de Cuba actualizó el miércoles a 488 la cifra de personas que ya tienen sentencias definitivas tras haber sido encarceladas por su papel en las intensas manifestaciones de julio pasado, algunas de las cuales derivaron en actos vandálicos.
Se impusieron sanciones a 74 personas en procesos realizados en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, informó el organismo judicial en un comunicado. Dos fueron absueltas.
Es el tercer reporte que realiza la Fiscalía en los últimos 10 días. Primero anunció las sentencias defintivas para 381 personas, y pocos días después indicó que otras 30 ya tenían sentencia también. Si a eso se le suma las 74 actuales, la cantidad de sentencias definitivas alcanza 488.
Las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 se desataron en medio de una crisis económica, con desabastos y cortes de energía eléctrica. Dichos desajustes fueron resultado de la combinación de dos factores: el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba para que haya un cambio de modelo político, y la paralización económica debido a la pandemia del COVID-19, todo lo cual ocasionó irritación, escasez y largas filas. Fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde la década de 1990.
Los manifestantes exigieron el fin del desabasto de alimentos e incluso cambios de gobierno. Aunque muchos de ellos actuaron pacíficamente, también hubo saqueos de tiendas, enfrentamientos con la policía y destrucción de vehículos en la vía pública. Una persona falleció en La Habana.
Las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos dijeron que unas 1.400 personas habían sido arrestadas.
Los procesos judiciales a los manifestantes fueron duramente criticados por gobiernos extranjeros y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alegaron que con ellos se buscaba sentar un precedente para desarticular cualquier oposición. Por su parte, las autoridades defendieron los juicios, haciendo notar que los acusados habían cometido actos vandálicos e intentos sediciosos.
Las penas más duras correspondieron a los delitos de sedición, con hasta 25 años de cárcel.
