MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La defensa del opositor venezolano Ernesto Quintero, reclamado en su país por un presunto delito de estafa del que se declara inocente, ha vuelto a pedir a la Audiencia Nacional (AN) que suspenda su "inminente" entrega a las autoridades de Venezuela, que había solicitado a España poder completar la extradición entre el 11 y el 14 de julio, es decir, la semana que viene.
Este mismo viernes, la defensa de Quintero ha pedido al órgano judicial, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la medida cautelar de suspensión inmediata de la entrega y extradición, aprobada por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2021.
Su defensa advierte del "peligro" que le acarrearía ser enviado a Caracas. Para demostrarlo, expone que tanto el Defensor del Pueblo como el Congreso de los Diputados se han pronunciado en escritos y en votaciones, respectivamente, alertando de "gran riesgo", aparte del "daño" que se causaría a su familia, asegura en el escrito.
"Existirá riesgo de irrogar un daño irreparable si se obliga a salir de nuestro país a Ernesto Quintero en tanto no se haya resuelto el recurso contencioso-administrativo que contra la resolución del mismo sea procedente", añade su defensa.
Con todo, fuentes jurídicas han comunicado a esta agencia de noticias que la Audiencia Nacional ha respondido a esa petición al poco de ser presentada para informar a su defensa de su desestimación y de la "entrega inminente" de Quintero, que lleva más de un año en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), acusado de estafa por las autoridades venezolanas.
Quintero fue detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional autorizaran la petición de extradición de las autoridades venezolanas, que le acusan de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares.
Desde entonces, Quintero ha estado encarcelado, a la espera de que España y Venezuela acordaran su fecha de entrega, tal y como marca el convenio bilateral sobre extradiciones. Estaba previsto que fuera entregado el pasado 12 de febrero, pero se suspendió por complicaciones relacionadas con la pandemia del coronavirus.
La defensa de Quintero, que ejerce 'pro bono' Oliver Abogados, se ha venido quejando en sucesivos escritos de que su representado "lleva más de 15 meses privado de libertad bajo el pretexto de que su entrega a las autoridades venezolanas se iba a ejecutar".
En junio, el Ministerio venezolano del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de Interpol y de la Embajada de la República Bolivariana en Madrid, planteó esas fechas al Gobierno español para realizar la extradición del reclamado.
RECURREN A LA JUSTICIA EUROPA
De todas formas, su defensa aduce que la extradición debe quedar suspendida a la espera de lo que acuerde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la demanda que presentaron el pasado 24 de mayo por presunta vulneración de derechos fundamentales.
A este respecto, avanzan a la Audiencia Nacional que tienen intención de impugnar la resolución del Consejo de Ministros por la que se autorizó enviar a Quintero a Caracas mediante un recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos firmes.
Asimismo, han puesto sobre la mesa que el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una iniciativa como proposición no de ley para "suspender las extradiciones y conceder urgentemente el asilo por razones humanitarias" tanto a Quintero como al también opositor venezolano Rolando Figueroa, a los que considera "perseguidos en su país por causa de su compromiso político".
ACUSACIÓN FALSA
La defensa de Quintero argumenta que el motivo del que se sirvió Caracas para reclamar su extradición "no solo es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política, ya alegada en multitud de ocasiones, sobre la persecución política declarada por el fiscal general de Venezuela contra las casas de bolsa y sus trabajadores", por considerarlas "afines a una ideología de corte capitalista", opuesta al régimen y "perseguida" por el mismo.
La defensa reitera que la vinculación del opositor con la empresa donde trabajaba era de "subordinación absoluta", con "funciones meramente administrativas siempre llevadas a cabo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert". Y apuntan que éste, en una declaración judicial prestada en Venezuela, dijo que "Quintero no tenía capacidad para cometer los tipos penales enunciados en la orden de aprehensión en su contra".
A ello añade su defensa que "ninguna cortesía merecen las autoridades requirentes", por cuanto quienes solicitan la extradición, explica, son el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general de Venezuela, Mikel Moreno y Tarek William Saab, respectivamente, que son personas sancionadas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos.
