TUPE, Perú (AP) — Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú con su popularidad diezmada por la inestabilidad en su gestión e investigado por presunta corrupción, aunque en las zonas rurales se cree que la culpa no sólo es de Castillo, sino del Parlamento, aún más odiado, que buscó removerlo dos veces.
En el último pueblo de una vía de los Andes, a 153 kilómetros de la capital, donde aún se habla jaqaru, una lengua indígena en extinción diferente al quechua y que existía en tiempos de los Incas, María Acevedo, de 51 años, asegura que los ricos que siempre han dirigido los hilos del poder desde la capital “no dejan trabajar” al primer presidente de origen rural en dos siglos de República.
“Queremos que llegue a los cinco años, que trabaje, que cumpla, ¿por qué lo van a botar?”, dijo la mujer que tenía un pañuelo amarrado en la cabeza y vestía un traje rojinegro, que usan las mujeres en su comunidad. “Queremos que aprenda, nadie entra a ser presidente sabiendo”, indicó Acevedo, dueña de una pequeña tienda de comestibles, con primaria incompleta y quien votó por Castillo.
Está preocupada por el alza de los precios de los alimentos y combustibles que han impulsado protestas en Sudamérica, incluyendo varias ciudades de Perú, pero —a diferencia de los pobres que viven en las colinas desérticas de la capital urbana de 10 millones de habitantes— Acevedo obtiene alimentos de sus cosechas de tubérculos, así como de la crianza de ganado y animales de granja.
Arnulfo Casas, un profesor jubilado de 70 años que trabajó décadas en la Amazonía y regresó a Tupe para cuidar a su mujer enferma, tiene más dudas. Castillo “ha prometido muchas cosas, como cambios estructurales, mucha gente ha confiado, pero, actuando como presidente, tiene muchas deficiencias, eso hace que los compueblanos estén desconfiando”, dijo frente a su juguería, cuyos letreros están escritos en jaqaru, una lengua hablada por apenas medio millar de peruanos.
Casas se queja con amargura del Congreso. “Los partidos que han perdido no dejan trabajar (a Castillo), todo es oposición”, comentó el hombre que usa un sombrero negro. “La mayoría de los pobladores de la sierra y la selva queremos que Castillo legalmente continúe”, añadió.
Desde 2016 Perú vive en una crisis política caracterizada porque los Parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el presidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo.
Este último ofreció luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.
"En los diversos sectores sociales hay una serie de expectativas no cumplidas que han generado desilusión y un clima de descontento y desgaste”, dijo Rodrigo Gil, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
La frase “no más pobres en un país rico” —que permitió a Castillo ganar por apenas 44.000 votos a Keiko Fujimori, hija del único exmandatario peruano preso por asesinato y corrupción— está escrita en un muro a la entrada de Tupe, pero ha comenzado a borrarse tras un año, igual que la popularidad del mandatario, que ha caído de 38% a 19%, según los sondeos del Instituto de Estudios Peruanos. En junio, la impopularidad del mandatario alcanzó 71%, mientras 10% no opina.
El Parlamento es más impopular. Tiene 85% de rechazo, 12% de aprobación y 3% de indecisos, según la misma encuesta. El Congreso perdió tiempo y dinero investigando un supuesto fraude en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Castillo. Gastaron más de 55.000 dólares y 10 meses para elaborar un informe que se archivó. Intentaron destituir dos veces a Castillo por su presunta incapacidad moral, sin alcanzar los votos necesarios. Un audio de la presidenta del Parlamento, María Alva, filtrado a la prensa en junio, describe con groserías a Castillo. “No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado”, dijo Alva, quien reconoció su voz.
Castillo, de 52 años, afronta cinco investigaciones: cuatro por corrupción a cargo de la fiscal general, Liz Benavides, y una por el presunto plagio de su tesis de maestría en Psicología Educativa que fue presentada en 2012 en la provincia de Tacabamba, donde estudió y trabajó como profesor.
Es el primer presidente investigado en funciones. No sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción o lavado de activos ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht. Uno se suicidó en 2019 antes de ser capturado por la policía y otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición.
“Algunos piensan que acá vamos a doblegar, a pesar de que se meten con tus hijos, con tus padres, con tu familia, en 11 meses no encuentran una sola prueba”, dijo Castillo en el sur y en referencia a las indagaciones dirigidas por la fiscal general, quien cuando asumió el cargo aseguró que irán “tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común”.
La fiscal Benavides sospecha que el presidente sería líder de una red que recibía dinero de licitaciones de obras públicas. Castillo lo niega, pero su círculo de confianza señalado está prófugo: su exsecretario, Bruno Pacheco, a quien la fiscalía halló 20.000 dólares en un baño de su oficina del palacio presidencial; su sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes, Juan Silva.
El presidente dice que no llegó al poder para “meter las uñas” en el tesoro público y que si le demuestran que "robó un centavo al país" pedirá cadena perpetua para sí mismo, su padre lo desheredará y también se someterá a la justicia campesina, que castiga a los ladrones con azotes en el trasero. Con escasa formación política y ninguna experiencia en gestión pública, ha mostrado desinterés por la meritocracia, según los expertos.
En febrero, en medio de una tercera ola de COVID-19, cambió a un ministro de Salud que impulsaba la vacunación por un médico que había promocionado un tipo de agua que supuestamente retrasaba el envejecimiento. Tras el derrame de miles de barriles de petróleo frente al Pacífico, reemplazó a su ministro del Ambiente por un bachiller de geografía sin experiencia que renunció a los ocho días. Desde febrero, el ministerio de Agricultura ha visto pasar a cuatro secretarios pese a la extendida crisis por la escasez y encarecimiento de fertilizantes rusos debido a la guerra de Rusia en Ucrania.
Por los 19 ministerios del gobierno han pasado 58 secretarios en menos de un año, una marca en la historia nacional. Castillo ha juramentado a cuatro primeros ministros. Uno duró tres días luego que la prensa descubrió que tenía denuncias por violentar a su esposa e hija. El Ministerio del Interior tiene un séptimo secretario porque el anterior, Mariano González, fue sacado a los 15 días tras organizar un grupo policial para buscar al entorno fugado del presidente. Tras su remoción, González llamó “pobre diablo” al primer ministro y confesó en una televisora que era un infiltrado que aceptó al cargo para “recuperar la democracia” y que hará “lo necesario para que caiga Castillo”.
“Es realmente una aberración”, dijo a radio Exitosa el antecesor de Castillo, el expresidente Francisco Sagasti (2020-2021) en referencia a los cambios de ministros que paralizan las políticas públicas y generan incontables cambios en puestos intermedios y de base. Sagasti es el único exmandatario sin investigaciones por corrupción que gobernó nueve meses.
Las redes sociales y los medios muestran los descuidos de Castillo, quien a veces se equivoca al leer discursos o suelta datos incorrectos. En Washington, durante un cita de la Organización de Estados Americanos en septiembre, dijo que en Perú habían muerto más de 215.000 personas por COVID —cuando la cifra de entonces eran de 199.000 fallecidos— y en abril se refirió a la guerra entre Rusia y Croacia, en vez de Ucrania. Lo acusan de terrorista, los comparan con un burro o con el cómico mexicano Cantinflas. En una boda de Lima se presentó una parodia con un muñeco vestido como el presidente que es acribillado entre aplausos. En la Feria Internacional del Libro de Lima 2022 se ha presentado un libro infantil llamado “El burrito que no quería ser presidente”, en cuya portada se ve a un jumento con banda presidencial y un sombrero similar al que usó el mandatario y es característico de los campesinos de los Andes.
Castillo ha confesado que no lee periódicos ni mira televisión porque “tienen su propia agenda”. Su difícil relación con los medios, sobre todo de Lima, empezó durante la campaña electoral que lo llevó al poder. “En la campaña hicieron de todo conmigo”, recordó en enero. “Cuando yo salía a los medios de comunicación y decía ‘esto voy a hacer por el Perú’, como candidato, me daba cuenta de que los periódicos y las pantallas al siguiente día nunca hablaban de lo que hablaba”, añadió.
La prensa local concentra sus reportes en los avances de las investigaciones fiscales sobre la presunta corrupción del mandatario y en seguir el debate de cuál es el mejor camino para reemplazar a Castillo. El gobierno ha enviado un plan de ley para encarcelar con hasta cuatro años de cárcel a quien difunda investigaciones a nivel fiscal. La iniciativa es considerada un retroceso, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
“Es un gobierno muy precario. Está concentrado en sacar el cuello fuera del agua y respirar día a día para sobrevivir, no tiene la capacidad de mirar el horizonte en el mediano y largo plazo para cuando venga el temporal, superarlo relativamente bien”, dijo el profesor universitario Gil.
