MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
HRW ha mostrado su preocupación por la crisis política, económica y de Derechos Humanos en la que se encuentra sumergido Sri Lanka después de "años de desgobierno y violaciones de derechos".
Por este motivo, la ONG ha instado al Gobierno a priorizar la protección del público frente a mayores dificultades mediante la implementación de políticas de protección social adecuadas y el abordaje de la corrupción endémica, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales.
"El presidente Wickremesinghe se enfrenta a enormes desafíos, pero la imposición de normas de emergencia draconianas, los arrestos de líderes de protestas por motivos políticos y el aumento de la vigilancia de los grupos activistas no resolverán los terribles problemas de Sri Lanka", ha dicho el director para Asia de la ONG, Meenakshi Ganguly.
"Los socios de Sri Lanka han dejado claro que la asistencia económica internacional solo será efectiva si el gobierno respeta los derechos humanos y el estado de derecho y aborda las causas profundas de la crisis", ha agregado Ganguly.
El pasado 18 de julio Wickremesinghe impuso un estado de emergencia que otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad, suspende numerosos derechos básicos e impone penas severas por delitos menores o vagamente definidos.
Un día después de su toma de posesión, Wickremesinghe envió a la Policía y al Ejército a dispersar a los manifestantes de un sitio que habían ocupado durante meses en el centro de la ciudad de Colombo. Durante el desalojo, más de 50 personas, incluidos abogados y periodistas, fueron golpeadas y heridas, ha asegurado HRW en un comunicado.
"Durante la actual represión de la disidencia, las autoridades han detenido al menos a 30 organizadores de protestas, en muchos casos sin orden judicial o utilizando agentes vestidos de civil que llevan a cabo detenciones sin el debido proceso", ha detallado.
Por estos motivos, la organización ha redactado una serie de recomendaciones para el Ejecutivo de Wickremesinghe, entre las que se encuentran garantizar la libertad de opinión, la retirada de las disposiciones del estado de emergencia que violen derechos fundamentales, o una moratoria formal sobre el uso de la Ley de Prevención del Terrorismo hasta que se promulgue una legislación no arbitraria.
También han recomendado que se establezca un nuevo sistema de protección social para proteger a los ciudadanos de los efectos de la crisis económica, o la reanudación de la participación de Sri Lanka en la iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR), una asociación del Banco Mundial y Naciones Unidas.
Además, también han instado a Wickremesinghe a llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre denuncias de abusos graves de derechos humanos y corrupción de alto nivel, y enjuiciar debidamente a los responsables.
"En los últimos meses, muchos habitantes de Sri Lanka han salido valientemente a las calles para pedir reformas, responsabilidad por la corrupción y protección de los derechos fundamentales (...) En lugar de tratar de silenciar a los manifestantes, el presidente Wickremesinghe debería escucharlos", ha manifestado Ganguly.
