Un juez abrogó el miércoles una ley de Michigan de 1931 que penalizaba el aborto, el último desarrollo en torno al derecho al aborto en un estado en el que la cuestión se discute en los tribunales y, posiblemente, se dirimirá en las urnas.
La ley, que estuvo inactiva durante mucho tiempo antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso de Roe contra Wade en junio, viola la Constitución de Michigan, señaló la jueza Elizabeth Gleicher.
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“Una ley que niega la atención médica segura y rutinaria no solo deja a las mujeres sin capacidad de controlar sus cuerpos y sus vidas: les niega su dignidad”, escribió Gleicher, del Tribunal de Reclamaciones. “La Constitución de Michigan prohíbe esta violación del debido proceso”.
La decisión se produce en un momento en que la Corte Suprema de Michigan está estudiando la posibilidad de incluir en la papeleta de las elecciones del 8 de noviembre una propuesta de enmienda que añadiría el derecho al aborto a la Constitución del estado. La fecha límite es el viernes.
Los partidarios presentaron más de 700 mil firmas, superando fácilmente el umbral necesario. Sin embargo, un empate en la votación de la Junta Electoral del Estado sobre cuestiones de espacio ha mantenido la propuesta fuera de la papeleta hasta ahora.
En el caso tratado por Gleicher, la ley de 1931 tipifica como delito la realización de abortos a menos que la vida de la madre esté en peligro.
La jueza dijo que la ley “obliga a la maternidad” e impide a la mujer determinar la “forma de su vida presente y futura”.
La ley “obliga a una mujer embarazada a renunciar a sus opciones reproductivas y a servir en su lugar como un recipiente involuntario que no tiene más respeto que otras formas de propiedad colectiva”, escribió Gleicher, citando al académico constitucional Laurence Tribe.
La ley fue suspendida en mayo con un interdicto, tras una demanda entablada por Planned Parenthood de Michigan. Gleicher dijo que su última decisión se aplica a todos los fiscales estatales y locales. Es posible que haya una apelación por parte de la legislatura, de mayoría republicana.
“La Cámara de Representantes está revisando el fallo”, dijo el portavoz Gideon D’Assandro.
Gleicher reconoció en julio que ha sido una donante habitual de Planned Parenthood y que dio mil dólares a las campañas de 2018 de la gobernadora Gretchen Whitmer y la fiscal general Dana Nessel, ambas demócratas que apoyan el derecho al aborto.
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Pero ese apoyo no era una razón para pasar el caso a otro juez, señaló Gleicher, que también es presidenta del Tribunal de Apelaciones de Michigan.
“Se presume que los jueces son imparciales”, añadió.
En una demanda separada, Whitmer ha pedido repetidamente a la Corte Suprema del estado que pase por alto los tribunales inferiores y resuelva la situación de la ley de 1931. La corte no ha decidido si va a intervenir.
