CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó el viernes la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que extiende por dos años más la labor de un grupo independiente de expertos a cargo de investigar y documentar presuntas violaciones de derechos y posibles crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano.
El Consejo de 47 miembros aprobó la propuesta por votación de 19-5, con 23 abstenciones.
Venezuela, país miembro de ese organismo, votó el viernes en Ginebra contra la resolución junto a Bolivia, China, Cuba y Eritrea.
En un comunicado divulgado en Caracas, el gobierno de Maduro catalogó como “hostil e injerencista” el mecanismo de monitoreo y afirmó que los países promotores de la resolución son “un grupo minoritario de estados, que siguen obedientemente los dictados" de Estados Unidos.
Dijo que la resolución “oculta una abierta pretensión de alentar y justificar a los sectores más extremistas de la oposición", local y extranjera, en su propósito de “desestabilizar” el país.
Reiteró, además, que Venezuela “no reconoce ni reconocerá ningún mecanismo de tutelaje creado al margen de los principios propios del derecho internacional”.
El gobierno de Maduro no ha permitido el ingreso de la misión a Venezuela. Tampoco ha respondido más de 20 cartas enviadas por la misión.
Organizaciones locales e internacionales defensoras de los derechos humanos saludaron la renovación del mandato de la misión y destacaron que entre sus promotores se cuentan gobiernos de distinto signo políticos de la región.
“Esta resolución muestra que los gobiernos de América Latina pueden unirse en el respaldo a las víctimas de abusos independientemente de las ideologías políticas”, indicó Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de Human Rights Watch, división de las Américas.
La resolución fue presentada por varios países de la región, entre los que se incluyen Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay. También fue patrocinada conjuntamente por cerca de 50 países.
La misión se estableció en 2019 y su mandato se extendió anteriormente. Los dos previos informes también destacaron los pasos que habría tomado el gobierno para reprimir cualquier oposición.
La renovación del mandato se produjo tres semanas después de la divulgación del tercer informe de la misión de investigación sobre Venezuela, que incorporó acusaciones contra Maduro y miembros de su círculo íntimo, incluido el vicepresidente del partido gobernante Diosdado Cabello.
Según el documento Maduro ordenó la tortura en algunos casos, pero no proporcionó detalles de casos específicos. La jefa de la misión, Marta Valiñas, reiteró esa aseveración durante una entrevista con The Associated Press hace tres semanas. Valiñas explicó que se llegó a la conclusión con base en “testimonios diferentes pero consistentes” recibidos y corroborados.
La misión no tiene poderes judiciales, pero las pruebas que ha reunido podrían ser utilizadas por la Corte Penal Internacional (CPI) o por cualquier país que pueda aplicar la “jurisdicción universal” para enjuiciar presuntos crímenes de lesa humanidad, según expertos.
El tercer informe detalló ejecuciones extrajudiciales, entre otros actos llevados a cabo por representantes del gobierno venezolano desde 2014, un año después de que Maduro asumiera el cargo y una compleja crisis se apoderó del país.
Venezuela señaló en el comunicado que ha dado "muestras de su voluntad y compromiso de colaborar” con diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU. En marzo, la Fiscalía de la CPI y el gobierno venezolano acordaron la apertura de una oficina de ese organismo en Caracas, visado expedito para facilitar el ingreso de funcionarios del organismo, entre otras medidas para facilitar las investigaciones.
