CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertó sobre el “grave deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018, durante una sesión realizada el miércoles en Ginebra y a la cual el gobierno de Daniel Ortega no envió representantes.
La reunión se convocó para revisar el IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se discutieron 29 temas, como la situación de los opositores presos, restricciones a la libertad de movilización, censura de prensa, irregularidades en las elecciones y falta de independencia judicial.
“Resulta claro que, a la luz de la información recibida, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave”, dijo la presidenta del comité, Photini Pazartzis, al clausurar la cita. Lamentó que el Estado de Nicaragua “haya optado por no entablar un diálogo constructivo” con los miembros de esa instancia de la ONU.
Agregó que debido a la ausencia de un representante del Estado nicaragüense, la sesión prevista para el jueves fue suspendida, aunque el gobierno de Managua tiene 48 horas para enviar sus opiniones sobre los temas expuestos.
El español Carlos Gómez, relator del Comité, se refirió al “maltrato” del gobierno de Ortega hacia los disidentes presos (más de 200, según cifras de la oposición), que han sido condenados con penas de hasta 13 años de cárcel.
Ellos “han sido sentenciados en juicios a puertas cerradas, algunos en los mismos centros de detención y sin permitir entrevistas previas con sus abogados”, dijo. Agregó que jueces y fiscales son nombrados “por asuntos de filiación política” y no por capacidad profesional.
Por su parte, la egipcia Wafaa Ashraf Bassim, señaló que “preocupa” la situación en las cárceles de Nicaragua y que el gobierno “no ha respondido a preguntas sobre las condiciones de detención”, como hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.
Bassim expresó alarma por la muerte, en febrero, del líder opositor preso Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital “de forma tardía” desde la cárcel policial de El Chipote, así como por las restricciones de las visitas familiares a los detenidos y por el “excesivo” tiempo de prisión preventiva (90 días) antes del inicio de los juicios a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.
Sobre el tema de la libertad de expresión, Gómez indicó que entre 120 y 150 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio y que el gobierno confiscó tres medios de comunicación desde 2018. Sólo en el presente año ha clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió.
Uno de los medios confiscados es el diario La Prensa, cuyo gerente Hugo Hollman fue sentenciado a 9 años de prisión. Otros seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos Miguel Mora, dueño del también confiscado canal 100% Noticias, quien había estado preso en 2018-2019 por primera vez junto a su jefa de prensa Lucía Pineda, agregó.
El relator destacó que Ortega prohibió desde septiembre de 2018 todas las manifestaciones públicas opositoras, así como las concentraciones de partidos políticos que no participen en elecciones.
A su turno, el portugués José Santos Pais indicó que en 2021 fueron condenados 11 mujeres y 39 hombres “por querer participar en política, entre ellos siete aspirantes a la presidencia” en las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega se reeligió por tercera vez para un cuarto mandato consecutivo.
Resaltó que hoy en Nicaragua “todos los poderes se han concentrado en el Ejecutivo” y que en mayo de 2021 una reforma a la Ley Electoral “favoreció la hegemonía del partido de gobierno”, el izquierdista Frente Sandinista.
A la sesión del Comité asistieron delegados de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, que presentaron diez informes en los que denunciaron violación de derechos humanos.
“Una vez más el Estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales, pues no compareció ante el comité y no respondió a la lista de preguntas del grupo de expertos”, señaló Wendy Flores, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Olga Valle, directora de la red social Urnas Abiertas, instó por su parte al gobierno al “cese inmediato de la represión, la libertad plena de las personas presas políticas, el nombramiento de nuevas autoridades electorales y la devolución de la personería jurídica de los partidos arbitrariamente cancelados”.
El gobierno nicaragüense no ha informado sobre los motivos de su ausencia.
Nicaragua está sumida en una crisis que se inició con las protestas de abril de 2018, las que fueron sofocadas por policías y paramilitares con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados, según organismos internacionales.
