MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Gervasi ha alegado que la decisión está motivada por "la intromisión" de "las más altas autoridades" de estos países en los asuntos internos de Perú y se produce apenas un día después de que convocara a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y el encargado de negocios de Venezuela en Perú por la misma razón.
La nueva responsable de Exteriores ha señalado que las declaraciones de los jefes de Estado de estos cuatro países cuestionado la "sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución de Perú" no coinciden "con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo" que les unen.
"Perú seguirá dando muestras de su amplia voluntad para profundizar en el diálogo, siempre en el marco del respeto mutuo y de la plena vigencia del derecho internacional", ha remarcado la ministra Gervasi, informa la agencia Andina.
La medida de Perú responde a una carta suscrita esta semana por Colombia, México, Argentina y Bolivia, en la que en la que expresaban su "profunda preocupación" por los sucesos que están teniendo lugar en Perú, con Castillo aún bajo prisión provisional a la espera de que se confirme una petición de la Fiscalía para prolongar su encarcelamiento.
En dicha misiva, recuerdan que "no es una novedad" que Castillo desde que fue elegido ha sido "víctima de un hostigamiento antidemocrático", que viola todas las leyes internacionales. Una idea que han expresado públicamente otros gobiernos en la región como los de Honduras, Cuba y Venezuela.
"Nuestros Gobiernos hacen un llamamiento a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas" y se abstengan de "revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", reclama esta misiva.
Hace una semana, Dina Bolurate, hasta entonces vicepresidenta, tomó cargo como primera presidenta en la historia de Perú tras la destitución por parte del Congreso y detención de Castillo tras intentar sin éxito disolver la cámara y anunciar elecciones legislativas para poner en marcha un nuevo proceso constitucional con el que dejar atrás la Constitución heredada del fujimorismo.
