Tras la elección de Norma Lucía Piña Hernández como la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 2 de enero, su triunfo fue considerado como un obstáculo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por votar contra la 4T en sus participaciones como parte del Poder Judicial.
La ministra Piña Hernández es la decimosegunda mujer en desempeñar el cargo dentro de la Corte y la primera mujer en ocupar la presidencia de la SCJN en la tercera ronda de votación, en la que compitió con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
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La victoria de la ministra presidenta fue por seis votos a cinco y ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre de 2026. Norma Piña dirige desde 2022 la Unidad General de Igualdad de Género de la SCJN y es presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional del pasado 3 de enero, el presidente López Obrador calificó como histórica la llegada de Piña Hernández a presidir la Corte mexicana y consideró que con su nombramiento se demuestra que su gobierno no tiene injerencia en el Poder Judicial.
Norma Piña es ministra de la SCJN desde el 10 de diciembre de 2015, en sustitución de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y desde entonces ha votado en contra de iniciativas propuestas por el Ejecutivo o convenientes para la 4T.
Ley Zaldívar (2021)
La ministra votó contra la reforma Orgánica del Poder Judicial de la Federación, llamada ‘Ley Zaldívar’, que buscaba ampliar dos años el periodo del ministro presidente del máximo tribunal.
Ley Federal de Austeridad Republicana (2022)
La reforma al párrafo segundo del artículo 24 de la Leu Federal de Austeridad Republicana, impulsada por el presidente López Obrador, señalaba que los servidores públicos con mando superior no podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada de empresas que hayan supervisado, regulado o de las que hayan tenido información de ejercicio interno, hasta después de 10 años, con el fin de evitar conflictos de interés. Piña Hernández voto en contra en marzo y fue aprobado en abril pasado.
Invalidación del Panaut (2022)
En marzo fue promovida la acción de inconstitucionalidad 82/2021, iniciativa que buscaba invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), registro encargado de reunir la información confidencial de usuarios de telefonía e internet móvil con el fin de combatir delitos. La SCJN aprobó el recurso por ser una injerencia a la privacidad de los usuarios.
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Ley de la Industria Eléctrica (2022)
Piña Hernández también votó contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), una de las más relevantes de la gestión del presidente López Obrador.
Invalidación de la prisión preventiva oficiosa (2022)
El amparo en revisión 355/2021, propuesto por el gobierno federal y proponía invalidar la prisión preventiva oficiosa. Fue retirado el pasado 8 de septiembre.
