BOGOTÁ (AP) — El noroeste de Colombia quedó paralizado por casi dos semanas a raíz de una manifestación respaldada por centenares de mineros que reclamaban garantías para continuar trabajando y el cese de las acciones de la fuerza pública que destruían maquinaria usada en la minería ilegal. Por su capacidad de coerción, el gobierno achacó la movilización al cártel Clan del Golfo, de lo que los mineros se deslindan.
El gobierno nacional intentó contener la protesta que inició el 2 de marzo, primero, mediante un diálogo que no prosperó y, luego, enviando refuerzos de agentes y militares para recuperar la movilidad en las vías bloqueadas en el Bajo Cauca y nordeste de Antioquia. Cientos de vehículos de particulares y camiones cargados de alimentos lograron transitar escoltados por la policía.
Los bloqueos viales no permitían el transporte y se advirtió del desabastecimiento de alimentos y medicinas en al menos 12 poblaciones, así como el confinamiento de aproximadamente 250.000 personas. La situación escaló con la muerte de un hombre que chocó en su motocicleta con un árbol con el que los manifestantes bloquearon una vía y la quema de un peaje vial y dos ambulancias, pese a que en una de ellas se trasladaba a una mujer embarazada.
El primero en advertir públicamente que la protesta podría estar presionada por el Clan del Golfo, un grupo armado que además del narcotráfico está involucrado en minería ilegal, fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Después, respaldaron la denuncia el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el presidente colombiano, Gustavo Petro.
Ese contexto puso a tambalear, además, una eventual negociación para someter a la justicia al Clan del Golfo, grupo que desde enero dijo querer cumplir un cese al fuego bilateral.
Petro advirtió el lunes en un programa gubernamental que el Clan del Golfo no “fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia” porque “parece privilegiar más sus negocios” ilícitos, por lo que por el momento no ve posibilidad de negociación hasta que no se evidencie “voluntad política”.
La protesta surgió luego de que las fuerzas militares dinamitaran en la zona nueve dragas -utilizadas para extraer material de los ríos- que se empleaban para la extracción ilegal de oro.
“Inmediatamente se vino la retaliación del paro y el que estaba afectado por el ataque de esas dragas era la minería ilegal, el Clan del Golfo”, aseguró a The Associated Press el gobernador Gaviria en una entrevista telefónica.
Además de la presencia que tiene el cártel en la zona, Gaviria respaldó su denuncia ante el gobierno nacional con mensajes de WhatsApp de presunta autoría del Clan del Golfo en los que ordenaban a los comerciantes de la zona cerrar sus negocios y a los mineros salir a protestar.
“Los mensajes que enviaron a los comerciantes tienen los distintivos de este grupo (armado), hay grabaciones donde los miembros les dicen a los mineros que tienen que participar en el paro y el que no lo haga tendrá una multa o sufrirá las consecuencias”, detalló Gaviria.
Los mineros, por su parte, defienden que su protesta no responde a presiones sino a la legítima defensa de su derecho al trabajo contra la reciente orden del gobierno de destruir la maquinaria utilizada en la minería ilegal.
“Los mineros somos gente que trabajamos por nuestras familias y esto nos tiene afectados inmensamente, a unos amigos míos les han quemado la maquinaria”, dijo a AP José Valdés, de 57 años y dedicado a la mediana minería con retroexcavadoras. Emplea a 30 personas y aseguró que ha intentado legalizar su negocio, pero su solicitud ha sido reiteradamente rechazada por el gobierno.
Albano Aricapa, un líder comunitario de Tarazá en el Bajo Cauca, reclamó al gobierno garantías para los mineros que quieren obtener una licencia ambiental y títulos mineros para trabajar sin “ser perseguidos”.
Tampoco está de acuerdo con que se les acuse de causar desmanes. “El gobierno muestra la cara que le conviene. Nosotros somos pacíficos, pero en el largo plazo hay cosas que uno no puede controlar: personas que no son allegados al paro y hacen esos desmanes y se los acomodan a las que están en una concentración”, señaló a AP Aricapa, de 54 años.
El gobernador de Antioquia aseguró que, según los indicios que tienen las autoridades, habrían sido jóvenes “pagados por el Clan del Golfo” quienes quemaron las ambulancias. “Se habla de valores de entre 50.000 y 300.000 (de 10 a 62 dólares) para participar en los desmanes, atacar la fuerza pública, estaciones de policía y alcaldías”, indicó Gaviria.
La minería ilegal de oro en el Bajo Cauca antioqueño es un problema mayor. El ministerio de Ambiente calcula que la acción de las retroexcavadoras moviliza en la zona casi 30 millones de metros cúbicos de tierra y pone en el río Cauca toneladas de mercurio.
Para Luis Alejandro Camacho, profesor del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, el mercurio y el cianuro utilizados en la minería ilegal tienen un impacto directo en la cadena alimenticia: del agua pasan al pez y a la persona que lo come. Dicha actividad ilegal también conlleva deforestación de los bosques porque primero talan los árboles de la ladera del río y luego dragan para sacar el sedimento.
Según el experto, las dragas “desestabilizan geomorfológicamente” los ríos. “Si se empieza a dragar y sacar sedimento y ponerlo en la orilla, el río empieza a generar erosión aguas abajo, porque se le quitó el sedimento que el río necesitaba transportar con cierta energía”, explicó a AP Camacho.
El 85% del oro que exporta Colombia es producto de la minería ilegal, según advirtió la Contraloría el año pasado, dado lo lucrativo del negocio ilícito: mientras un kilo de cocaína puede valer en el mercado de Colombia aproximadamente 1.000 dólares, un kilo de oro puede costar unos 51.200 dólares.
En el Bajo Cauca antioqueño además del Clan del Golfo, hay presencia de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.
Aunque existe una disputa entre armados, el gobernador de Antioquia recalca que el mayor control lo tiene el Clan del Golfo. En la minería ilegal pueden ser dueños de algunas dragas, pero sobre todo cobrar extorsión a los mineros ilegales por “autorizarles” a sacar oro.
“El gobierno trata de echarnos la culpa a los mineros, nos dice que nosotros somos financiadores del Clan del Golfo. Eso no es cierto”, reclama Valdés. Y agrega: “A nosotros nos toca pagar una vacuna (extorsión) y eso no es un secreto ni para el gobierno ni para nadie, en esta región si una señora vende empanadas le quitan 2.000 pesos, lo que le toque dar. Aquí todo el mundo paga”.
