LIMA (AP) — Los familiares de los fallecidos en las protestas de los últimos meses en Perú que exigían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte criticaron el miércoles la lenta investigació de la Fiscalía. El Ministerio Público anunció en la víspera que las indagaciones se realizarán en Lima, muy lejos de las siete regiones del sur del país donde ocurrieron las muertes.
En una conferencia de prensa, los parientes de las víctimas indicaron que la decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de crear un equipo especial para investigar las muertes perjudica su acceso a la justicia porque no tienen dinero para trasladarse con frecuencia hasta Lima y porque sólo una fiscal de los 12 que integran el nuevo equipo tiene experiencia investigando crímenes en derechos humanos.
El martes la fiscal general presentó a un equipo conformado por 12 fiscales que se dedicarán durante tres meses de forma exclusiva a investigar las muertes. Según la Defensoría del Pueblo, 67 personas murieron durante las manifestaciones de diciembre a febrero en Perú. De ellos 49 son civiles y, al menos 30 de ellos, fallecieron por “proyectil de arma de fuego”, según las autopsias a las que tuvo acceso The Associated Press.
Raúl Samillán —hermano de un universitario que auxiliaba a manifestantes heridos y murió de un disparo el 9 de enero en Juliaca una jornada en la que cayeron otros 17 civiles por arma de fuego — dijo que es la cuarta vez que cambian de fiscal en esa ciudad del sur peruano. “Esto se encadena a la búsqueda de la impunidad de parte de los responsables de las masacres y a la indefensión de víctimas”, dijo.
Pero en la ciudad de Ayacucho, donde murieron a tiros otros 10 civiles en las manifestaciones del 15 de diciembre, Ruth Bárcena, viudad de un taxista, se quejó de que la fiscal del caso que estaba realizando un trabajo imparcial, tendrá que enviar sus investigaciones a Lima. Su esposo falleció tras recibir un tiro mortal en el tórax. Bárcena ahora preside una asociación de familiares de asesinados y heridos en esa jornada.
Nelly Quispe, hermana de un joven de 17 años que quedó herido de gravedad tras recibir un disparo en el pulmón el 9 de enero en Juliaca, dijo que entendía que con el nuevo cambio de fiscales “intentan pasar el tiempo para que todo quede impune”. Indicó que en Juliaca unos 300 civiles han quedado heridos, la mayoría humildes, quienes no tendrían dinero ni tiempo para ir a declarar hasta Lima, a una distancia de 1.277 kilómetros en bus.
La fiscal Benavides indicó que las investigaciones tendrán un enfoque en la víctima y en los derechos humanos y se respetará que los fallecidos sean “tratados con humanidad”. Benavides, por su parte, investiga por presunto genocidio y homicidio calificado a Boluarte, al primer ministro Alberto Otárola y a varios ministros por las muertes en las protestas antigubernamentales.
Las protestas empezaron poco después de que Boluarte reemplazara en la presidencia al expresidente Pedro Castillo, que fue destituido el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar disolver el Legislativo sin lograrlo e instaurar un gobierno de facto. Castillo está en prisión preventiva con cargos de presunta rebeldía.
Las manifestaciones —que exigían la renuncia de Boluarte y de los 130 legisladores del Parlamento unicameral— se concentraron en el sur de los Andes de Perú donde se produjeron los hechos más letales.
Boluarte y el Parlamento gozan de escasa popularidad en Perú, según todas las encuestas. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República indicó el 23 de marzo que 78% desaprueba a Boluarte, mientras que 91% al Congreso.
