La Cámara de Diputados se alista para dictaminar la reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF) con relación al actuar del Congreso de la Unión y la vida interna de los partidos políticos.
El presidente del TEPJF, magistrado Reyes Rodríguez, reitero su llamado al diálogo a los legisladores ante la discusión de la reforma que limitaría sus atribuciones y a organizar un parlamento abierto antes de tomar una decisión, inclusive, revisar las decisiones que ha tomado el Tribunal Electoral en los últimos años.
Durante su participación en el “Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral: impacto del uso de los programas sociales”, Reyes Rodríguez defendió las acciones afirmativas promovidas por el órgano jurisdiccional.
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició con los análisis de la reforma apoyada por Morena, PRI, PAN, PRD, PT y PVEM – con excepción de Movimiento Ciudadano- busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, bajo la justificación de que el TEPJF ha rebasado los límites al invadir la competencias del poder Legislativo, lo cual supone una alteración al principio de división de poderes.
Ante la aprobación de este dictamen, el magistrado reiteró que es fundamental propiciar mesas de debate, “porque tratándose de acciones afirmativas, la iniciativa propone que sea una facultad exclusiva, reservada para el Congreso federal, esto impediría al Poder Ejecutivo, por ejemplo, establezca aciones afirmativas en el ámbito político, tratándose de los gabinetes, que los tribunales a no tendríamos posibilidad de establecer acciones afirmativas. Tampoco lo podría hacer un Congreso estatal o las autoridades a nivel estatal, porque la iniciativa reserva como una facultad exclusiva del Congreso general el establecer acciones afirmativas tratándose de grupos vulnerables”, indicó.
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El magistrado mencionó que el uso indebido de programas sociales no es la única manera que la democracia se debilita, sino también cuando prevalece la discriminación, por género, raza, condición social o por razones políticas, cuando se transgreden los derechos humanos de las personas y cuando los grupos en situación de desventaja no cuenta con la representación en los espacios de toma de decisión de representación popular.
“La ciudadanía tiene que saber que los programas sociales son un derecho constitucionalizado, que el acceso a la salud, a distintos programas sociales es por hoy, en México, algo que no depende del partido o de la persona que gobierna o que los representa en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo o en los ayuntamientos, Sin embargo, no hemos podido erradicar estar malas prácticas que también se han legislado como delitos electorales”, puntualizó el presidente del TEPJF.
