BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)
El texto, que aún debe ser aprobado formalmente por el Consejo, ha sido aprobado con 529 votos a favor, 29 en contra y 14 abstenciones, y supone la primera legislación de la UE para rastrear las transferencias de criptoactivos como bitcoins y tokens de dinero electrónico.
La normativa ya fue acordada provisionalmente por los negociadores del Parlamento y el Consejo en junio de 2022, y tiene como objetivo garantizar que las transferencias de criptomonedas, como ocurre con cualquier otra operación financiera, puedan rastrearse y bloquearse si resultan sospechosas.
La reforma prevé, igualmente, exigencias específicas en las operaciones de los proveedores con carteras no alojadas de modo que estén obligados a verificar las transferencias hacia o desde sus clientes con una de estas carteras sin registrar.
El pleno también ha dado luz verde, con 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones, a las nuevas reglas comunes sobre la supervisión, protección al consumidor y salvaguardas ambientales de los criptoactivos, incluidas las criptomonedas.
El proyecto de ley acordado informalmente con el Consejo también en junio de 2022 incluye salvaguardias contra la manipulación del mercado y los delitos financieros.
En concreto, cubrirá los criptoactivos que no estén regulados por la legislación de servicios financieros existente y sus disposicioes cubren la transparencia, la divulgación, la autorización y la supervisión de sus transacciones.
De este modo, los consumidores estarán mejor informados sobre los riesgos, costos y cargos relacionados con sus operaciones. Además, el nuevo marco legal respaldará la integridad del mercado y la estabilidad financiera al regular las ofertas públicas de criptoactivos.
Finalmente, el texto acordado incluye medidas contra la manipulación del mercado y para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
En este sentido, para contrarrestar los riesgos de blanqueo de capitales, la Autoridad Europea de Valores y Mercados deberá establecer un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos que no cumplan las normas y operen en la UE sin autorización.
