MADRID (AP) — La Guardia Civil de España informó el martes del arresto de 26 personas en redadas en pozos ilegales en la región de Andalucía, como parte de una represión cada vez mayor contra el uso no autorizado del agua en medio de una sequía prolongada.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil dijo que identificó 250 infracciones por parte de los fruticultores, incluidos pozos y perforaciones ilegales en el área de la Axarquía, al este de la ciudad costera de Málaga. Estimó el daño a la infraestructura pública de agua en 10 millones de euros (10,95 millones de dólares).
El gobierno central de España está exigiendo normas cada vez más estrictas sobre el uso del agua en Andalucía, la región más importante del mundo para la producción de aceite de oliva y una fuente clave de frutas y verduras para el mercado de exportación europeo.
Las temperaturas récord de abril en Andalucía se han sumado a una escasez crónica de lluvias. Los embalses de agua de la cuenca del río Guadalquivir, que atraviesa el territorio, están a una cuarta parte de su capacidad, al 27,95%. Las asignaciones de agua para riego agrícola en la región han disminuido hasta 90% en algunos casos.
La situación en el vasto corazón agrícola y en el noreste de Cataluña significa que las reservas totales de agua de España a nivel nacional se han reducido al 48,9%.
Abril también fue el mes más seco en España. Actualmente, el 27% del territorio español se encuentra en la categoría de “emergencia” o “alerta” de sequía. Los agricultores de todo el Mediterráneo occidental han advertido que es probable que se pierdan las cosechas.
Mientras tanto, los recursos hídricos en España se han politizado cada vez más antes de las elecciones locales del 28 de mayo. El gobierno central de izquierda ha criticado a la administración regional de derecha de Andalucía por intentar declarar una amnistía para los pozos ilegales alrededor de los humedales de Doñana en la región, en contravención de la ley de la Unión Europea.
Mientras tanto, la extrema derecha ha utilizado las redes sociales para difundir desinformación sobre un funcionario del gobierno que ordenó falsamente que se vaciaran los embalses.
