El tren maya, una de las obras emblema de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador divide opiniones, pues por un lado destaca la proyección para una derrama económica de 100 mil millones de pesos y el fuerte impacto turístico debido a la movilidad que tendrá al enlazar Mérida con Cancún en trayecto de una hora y por otro los críticos que señalan afectaciones por el impacto ambiental.
El proyecto civil contempla 1,525 kilómetros de vías construidas, y se espera que pase por los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El tren viajará a una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora con 34 estaciones en su recorrido. El proyecto se encuentra ya en sus fases finales, y el mismo gobierno federal ha publicado vacantes laborales para trabajar en este.
Sin embargo, la finalización del proyecto enfrenta una puja, esto debido a una denuncia que interpuso ante el gobierno federal la empresa IMAEEF, corresponsable junto con Cotrisa, contra una exsocia minoritaria.
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Fue en 2022, que luego de cumplir con requisitos que marca la ley, que la firma fue contratada para el suministro e instalación de la infraestructura eléctrica del tren maya.
Los hechos se han presentado ante las autoridades, en donde se menciona que han hecho publicaciones no legales para validar propiedades empresariales ante la Secretaría de Economía, incluso ante notario.
Será de suma importancia para el gobierno, en los próximos meses, poner orden legal, depurar dichos problemas y personas en el proyecto para evitar que las obras se vean afectadas, mismas que se han retrasado desde el pasado 21 de abril de 2023, lo que afecta a los trabajos técnicos y los de electrificación.
