A pesar de las críticas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno por extender las tareas de seguridad pública a cargo del Ejército hasta el año 2028, debido a los problemas de inseguridad y actividad del crimen organizado, al menos el 48% de la población mexicana avala que los militares se encuentren en las calles.
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Pese a que al inicio del sexenio se había prometido que los miembros del Ejército regresarían a los cuarteles por la creación de la Guardia Nacional-- conformada con la idea de una corporación de tipo civil--, el titular del Ejecutivo cambió de decisión y optó por empujar la iniciativa de permanencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en dichas actividades, que finalmente fue aceptada por ambas Cámaras.
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, en su informe Percepciones de Impunidad 2023, la ciudadanía prefiere a los militares sobre las policías para “ayudar a mejorar la inseguridad”. De esta forma, solo el 13% está totalmente desacuerdo, el 8% algo desacuerdo, y el 30% algo de acuerdo con la acción del Ejército para enfrentar la situación en materia de seguridad del país.
Aunque hasta 8 de cada 10 personas están a favor de tener al Ejército en las calles, la ONG dudó de su efectividad, pues ahora persisten las conductas violatorias de los Derechos Humanos, con 428 por parte de la Sedena y 577 de la Guardia Nacional.
La encuesta, realizada a mil personas, en relación con las secciones electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), también arrojó que rara vez se lleva a los responsables de un delito ante un juez para recibir la pena correspondiente-- 28% dijo que nunca y 48% que casi nunca--, además de que existe una inclinación de los mexicanos hacia la cárcel para quienes delinquen.
Si bien la reinserción en la sociedad se concibió como la premisa de la prisión, el 61% opta por que se castigue, por cualquier delito, con cárcel, es decir, se observa al encarcelamiento con un carácter punitivo, más allá de algo reformador.
En este sentido, el 44% de los encuestados se manifestaron a favor de la prisión preventiva oficiosa, también para cualquier delito, independientemente de su gravedad, mientras de determina su culpabilidad y el seguimiento del debido proceso.
Nexos entre autoridades y crimen, el principal problema de la impunidad
Los encuestados (13%) concluyeron que la causa más importante de la impunidad es la colusión entre el crimen y las autoridades de diferentes niveles de gobierno, seguida por la liberación por parte de los jueces (11%) y que los agentes del ministerio público no investigan los delitos (10%).
En este sentido, el ejercicio estadístico también arrojó que mejorar la cultura de la denuncia y encarcelamiento de los delincuentes son los principales ‘antídotos’ contra la impunidad.
