MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En este sentido, ha recalcado que, actualmente, "existe un desfase entre lo que marca la ley y lo que sucede en los hospitales, en las áreas de Psiquiatría y en las residencias de mayores".
Así se ha pronunciado durante la presentación del informe 'Tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental', que Salud Mental España ha elaborado junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, en una jornada que ha contado con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE.
Este documento parte de un análisis de la legislación vigente en España en materia de atención sociosanitaria a la salud mental y, a partir de ahí, constata que todavía se llevan a cabo algunas prácticas, como los ingresos y los tratamientos involuntarios, que "violan los preceptos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas". España firmó en 2008 dicha convención, que tiene carácter vinculante para todos los Estados firmantes.
Con todo, en declaraciones a Europa Press, González Zapico ha advertido de que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "permite los ingresos y los tratamientos involuntarios". "Esto debe ser cambiado. Sencillamente por una cuestión de derechos humanos", ha incidido.
Así, el objetivo principal de este informe, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es promover que se eliminen los automatismos en cuanto al tratamiento y abordaje de la salud mental, de manera que las personas puedan decidir cómo quieren ser tratadas en un entorno sanitario, de atención y cuidados, y que cuenten con los cauces oportunos para ello.
En esta línea, el informe plantea también una serie de medidas transitorias que se pueden poner en práctica hasta que España adapte por completo su ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
LAS PRÁCTICAS COERCITIVAS
Uno de los aspectos más polémicos que se aborda en el informe es el de las prácticas coercitivas, entre las que destacan las de contención física, química o mecánica, y que suponen "un trato vejatorio y salvaje", según recalcan desde la Confederación Salud Mental España.
En este sentido, González Zapico recuerda que las contenciones mecánicas están consideradas como un acto de tortura por las Naciones Unidas. "Desde Salud Mental España, defendemos que ante la coerción siempre hay alternativa, y que los tratamientos no deben convertirse en procesos de tortura, vejación o castigo a las personas con trastorno mental", ha señalado.
Por ello, la confederación aboga por un modelo de atención integral psicosocial que tenga entre sus elementos "clave" la creación de equipos multidisciplinares, la inclusión de grupos de pares, el Proyecto de Vida a Plan Personal de Futuro, el Plan de Asistencia Integrado, el Documento de Instrucciones Previas o la designación de personas de confianza.
Para poner en marcha este modelo, tal y como recoge el informe, se requiere la actuación de profesionales en los distintos sectores que abarca la coordinación entre las administraciones, las familias y las organizaciones de la sociedad civil, y la cooperación entre todos estos agentes. "También se requiere la existencia de recursos materiales personales y económicos que haga posible la realización de las necesarias acciones", ha expresado el presidente de la entidad.
Tal y como ha anunciado, el próximo paso de este informe es "la incidencia política". De hecho, ha avanzado que buscarán el apoyo de los grupos parlamentarios "porque se trata de una iniciativa legislativa que hay que cambiar". Además, también ha destacado la importancia de buscar apoyos internacionales como, por ejemplo, de Naciones Unidas, y "de agentes que defiendan los derechos de toda la humanidad".
"SE INVOCAN RAZONES BUENISTAS PARA ATENTAR CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS"
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha lamentado que "no hay conciencia de la carga vulneratoria que suponen los internamientos o los tratamientos forzosos" porque estas prácticas "están tan interiorizadas y tan asumidas, que forman parte del paisaje moral, legal y mental del imaginario colectivo".
De hecho, ha asegurado que "no existe sensación o escrúpulo de que se esté haciendo algo malo" porque se piensa que "es lógico que a la gente se la encierre porque ha tenido un brote, porque tiene una crisis, e incluso es por su bien y por el bien de los demás".
Asimismo, ha recalcado que "se invocan razones buenistas para atropellar los derechos humanos". "Siempre está esa justificación moral última de que estamos actuando por el bien de la persona y eso ya nos evita otro tipo de preguntas clave y esenciales, tales como su voluntad, sus preferencias, su libertad, su dignidad", ha advertido.
LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO DE MENTALIDAD
En esta línea, Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de Salud Mental España, ha apelado a la necesidad de hacer "un cambio de estructuras y de mentalidad". Así, ha definido este informe como "una guía para transformar el mundo" y "cambiar las gafas" con las que se mira.
Otro de los expertos que ha elaborado el informe, Rafael de Asís, catedrático de Filosofía del Derecho e investigador del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III, ha admitido que, si bien en España "se ha avanzado en derechos de personas con discapacidad", los ingresos y los tratamientos involuntarios "no se han tocado nunca".
En este punto, ha reconocido la "tensión" que puede darse entre el mundo de la salud y el de los derechos a la hora de poner en marcha este tipo de prácticas, recogidas en los protocolos sanitarios. "Sin embargo, el punto de partida tiene que ser el de los derechos", ha instado. Según Asís, "ahora se prioriza la organización sanitaria y su buen funcionamiento; sin embargo, "la necesidad de cambiar esa mirada y establecer procedimientos que no permitan la violación de los derechos es fundamental".
Por último, María del Carmen Barranco, catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III, ha hecho visible la situación de la discapacidad psicosocial, "que se queda siempre rezagada en cuanto a consecución de derechos". Así, ha denunciado la "lamentable" situación acerca de la aplicación de medidas coercitivas en España, y ha afirmado que responde a una "ausencia de normativa". "Estamos ante situaciones en las que se usa la fuerza para doblegar la voluntad de las personas", ha lamentado.
