MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
En su último informe, 'Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender Derechos Humanos en Colombia continúa', AI denuncia las "innumerables denuncias" que ha recibido por parte de quienes han estado peleando por la defensa de las libertades en el país en medio de ataques y amenazas.
"Entre 2020 y 2023, observamos que las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección de personas que defienden los Derechos Humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente", ha expuesto la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2023, la tendencia de asesinatos de este colectivo no solo se sostiene, sino que además crece de manera paulatina. Según el Programa Somos Defensores, en 2020, han sido asesinados 199 activistas. Hasta septiembre de 2023, INDEPAZ ya había documentado el asesinato de 127 personas con liderazgo social y defensoras de Derechos Humanos.
Cifras que si bien son provisionales, resultan "alarmantes", señala Amnistía, en cuyo informe se relatan cinco casos de estos ataques y amenazas en cuatro regiones de Colombia, como Magdalena Medio, una extensa área --aglutina hasta ocho departamentos-- "fuertemente afectada por la violencia y en donde defender los Derechos Humanos es una actividad de alto riesgo".
Amnistía presenta además un análisis general de la situación en todo el territorio, en base a los últimos años del mandato de Iván Duque y el primero del presidente Gustavo Petro. El primero, según Amnistía, desoyó las recomendaciones realizadas por las organizaciones afectadas e insistió en medidas contraproducentes, obviando además lo pactado en los acuerdos de paz de 2016.
En cuanto al nuevo Gobierno de Petro, y a pesar de un importante cambio de retórica y paradigmas para hacer frente a este problema, la ONG lamenta que la violencia ha continuado. No obstante, espera que los nuevos planes de protección que se han anunciado sirvan para atajar la violencia, aunque, insiste, la intervención estatal debe ser "completa, integral y coordinada".
Piquer sostiene que la mejor manera de atajar este problema es atacando de manera integral y a través de varios frentes las causas estructurales que generan esta violencia. Al mitigar esto, apunta, "no sólo se les protege, sino que se garantizarán sus otros derechos".
CASOS PRESENTES EN EL INFORME
Amnistía ha recogido los casos particulares de cinco colectivos que se encuentran en una total situación de desamparo en regiones golpeadas por la violencia como Magdalena Medio, Meta, o Putumayo.
En Magdalena Medio tenemos los casos de un colectivo de pescadores artesanales de Santander (FEDEPESAN) que alberga hasta siete organizaciones que a pesar de la violencia continúan defendiendo su estilo de vida sostenible y respetuoso con el medioambiente; o la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), considerada oficialmente como víctima del conflicto armado.
En Putumayo, la asociación ADISPA defiende la selva amazónica y el modo de vida campesino en la región. El objetivo de esta organización, formada por familias campesinas, es gestionar la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica.
En Meta, la comunidad indígena de ASEIMPOME, después de más de 30 años de sufrir ataques y violencia, resiste y permanece en su territorio ancestral en el Meta. Al regresar en 2015 a su territorio, han sifo víctimas de invasiones, incendios y amenazas a sus autoridades.
Por último, CISCA promueve en la también extensa región del Catatumbo --noreste de Colombia-- los derechos asociados a la tierra de familias campesinas tradicionalmente olvidadas frente a la pobreza, la exclusión y la violencia del conflicto armado interno, que si bien ha disminuido, hacen frente a una crisis socioeconómica que amenaza de manera grave sus derechos económicos y sociales.
La ONG defiende que el enfoque adecuado para proteger a todos estos colectivos y todos aquellos que padecen una situación similar es abordar las causas estructurales que generan esta violencia, proteger a las víctimas con todas las herramientas del Estado y poner en marcha medidas que tengan en cuenta las particularidades de muchos de estos colectivos.
"Amnistía Internacional pide al gobierno colombiano que continúe impulsando la adopción de medidas con este enfoque y, en últimas, proteger de la mejor manera posible a personas, grupos y comunidades que defienden los Derechos Humanos", reclama la ONG.
