Los taxistas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron que han sido presionados y, en algunos casos, amenazados por autoridades federales para que se sumen al modelo de negocio de las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify.
“Lo que buscan es que tampoco los permisionarios cumplan con la ley y podrían generarse incluso protocolos de seguridad laxos y riesgosos para los pasajeros”, señalaron a través de un comunicado de prensa.
Los inconformes aseguran que esta situación se ha vuelto una constante durante el actual sexenio, en un intento por abrir el camino a las plataformas en las Zonas Federales de los aeropuertos, lo que —afirman— constituye una violación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Los permisionarios aseguraron que las autoridades buscan que incumplan con las normas vigentes, lo que podría llevar a una relajación de los protocolos de seguridad y, consecuentemente, poner en riesgo a los pasajeros. Señalan que los están empujando a un modelo que no garantiza la seguridad ni el cumplimiento de la ley.
De acuerdo con el comunicado, a diferencia de las plataformas, los taxis oficiales de los aeropuertos cumplen con verificaciones, cromática, pagos y trámites necesarios, lo que garantiza un servicio más seguro y regulado para los usuarios.
Acusan violación sistemática a la ley
Los taxistas afirmaron que, a pesar de la prohibición explícita en la ley, las empresas de transporte por aplicación han violado de manera sistemática las Zonas Federales de diversos aeropuertos de México para recoger pasajeros.
Asimismo, señalaron que el gobierno federal no ha designado una policía competente que haga valer la ley y multe a estas plataformas. Además, denuncian la ausencia de datos y cifras de infracciones que demuestren que las autoridades estén tomando medidas al respecto.
“El gobierno federal debe designar a una policía capaz y competente que haga valer la ley y multe a los taxis de plataforma que sistemáticamente y durante todo este sexenio”.
La situación actual ha llevado a los taxistas a acusar al gobierno federal de ser cómplice de un negocio para estas empresas internacionales. Sostienen que al permitirles operar en zonas federales sin imponer sanciones, el gobierno les abre la puerta para operar “bajo el cobijo oficial”.
El costo del servicio también ha sido un punto de controversia. Los taxistas del AICM argumentan que, contrariamente a la creencia popular, el servicio de taxis oficiales es actualmente más económico que el de las plataformas. Afirman que el supuesto argumento de que las aplicaciones ofrecen un servicio más barato ya no es válido, lo que pone en duda la razón de que las autoridades estén impulsando su entrada en zonas donde, hasta ahora, operan de forma irregular.
Llaman a defender zonas federales
El 10 de septiembre, los permisionarios del servicio de taxis en el aeropuerto de la Ciudad de México hicieron un llamado a sus homólogos a nivel federal para defender las zonas federales. Esto se debió a un proyecto de decreto difundido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
De llevarse a cabo esta publicación, la reforma permitiría que los servicios de transporte con chofer contratado a través de plataformas digitales puedan operar “en el transporte terrestre hacia o desde puertos marítimos y aeropuertos”. Los permisionarios consideran que esto representa un “arrebato” de sus derechos en favor de las plataformas de transporte.
Apps acudieron a Palacio Nacional
Por su parte, conductores de plataformas digitales de transporte, como Uber y Didi, entregaron el pasado 2 de septiembre una carta pública en Palacio Nacional, dirigida al gobierno federal, en la que exigen mejores condiciones laborales y la intervención del gobierno para regular las actividades de las plataformas.
Los conductores, provenientes de diversos estados del país, como Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, entre otros estados, pidieron al gobierno que reconozca sus derechos laborales, similares a los de los empleados tradicionales, incluyendo la seguridad social y otras prestaciones. Asimismo, señalaron que las comisiones cobradas por las plataformas son excesivas y abusivas, afectando gravemente sus ingresos.
