Después de que la Cámara de Diputados avaló, en lo general y particular, la reforma que propone incorporar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la oposición ha hecho hincapié en los riesgos que podrían derivarse de tal decisión.
Entre estos destaca el incumplimiento de tratados internacionales debido a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la mezcla de funciones entre la Guardia Nacional y el Ejército, un posible aumento en el abuso del poder, la falta de estrategias para garantizar la seguridad, así como la pérdida de la confianza de la ciudadanía.
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de Movimiento Ciudadano, advierte que la nueva reforma a la Guardia Nacional viola el límite democrático establecido por la Constitución en el artículo 129, que restringe el uso de las fuerzas Armadas en actividades civiles como lo es la seguridad pública. “De ser aprobada presentará una militarización absoluta y permanente de la seguridad pública a nivel federal”, señaló.
“La Guardia fue creada porque el Estado requería una respuesta eficaz ante la crisis de seguridad pública que había, pero a casi 6 años de su creación, los resultados han sido decepcionantes”, expresa Mario Calzada Mercado, diputado del PRI, para advertir que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena convertiría a la GN en una institución de carácter militar, generando serias implicaciones para la seguridad y estabilidad del país.
Por su parte, el diputado del PAN David Alejandro Cortés Mendoza enfatizó que las tareas de seguridad pública no pueden mezclarse e intercalarse con las castrenses. “Mientras un militar recibe entrenamiento, equipo y armamento para defender la soberanía nacional, los integrantes de la Guardia Nacional tienen sus funciones claramente establecidas ante la ley, siendo estas preservar el orden público y la paz social”, aseguró.
A este argumento se sumó el diputado del PRI Andrés Mauricio Cantú Ramírez, quien puntualizó que la seguridad pública debe estar a cargo de quienes comprenden las necesidades de los pobladores, por lo que no se debe confundir el papel del Ejército con el de la fuerza civil que tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía.
En este sentido, los diputados Víctor Samuel Palma César (PRI) y Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) resaltaron que la nueva reforma a la Guardia Nacional podría incumplir con diferentes tratados internacionales al permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Al respecto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN Noemí Luna, aseguró que recurrirá a las instancias internacionales correspondientes para detener la militarización del país.
¿En qué consiste la nueva reforma a la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de seguridad de carácter civil para combatir el crimen organizado y reducir los niveles de violencia, a pesar de estar integrada por efectivos provenientes de las fuerzas armadas y la Policía Federal.
A pesar de ello, la nueva reforma propone que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional y le brinda facultades al presidente de la República para disponer del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y la Armada de México en tareas de apoyo a la seguridad pública de manera ordinaria.
Además, le concede a la GN la facultad de investigación bajo la conducción del Ministerio Público y manifiesta que todo el personal naval y militar que está comisionado a la Guardia Nacional se transfieran a la Sedena.
Por otro lado, plantea que los antiguos miembros de la extinta Policía Federal que aún formen parte de la Guardia Nacional sean cesados y trasladados a la Secretaría de Seguridad. El proyecto de Decreto reformará los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución.
