Entre el 1 y el 29 de septiembre, se han creado —al menos— 76 plataformas que promocionan las denominadas “rifas entre amigos”, aunque en realidad operan como sorteos públicos sin la autorización de la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que constituye una violación a las leyes vigentes.
Estas plataformas aprovechan vacíos legales para evitar ser detectadas, amparándose en una interpretación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que prohíbe en todo el país los juegos de azar y las apuestas, excepto en los casos autorizados por la ley.
El artículo 12 establece penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta 10 mil pesos para quienes realicen sorteos sin permiso oficial; sin embargo, la normativa exceptúa de este requisito las rifas “entre amigos o familiares”, lo que es aprovechado por este tipo de sitios que proliferan en Internet.
En estas páginas se ofertan —sin mayor regulación— boletos para ganar automóviles de lujo como un Volkswagen Golf GTI (con un valor cercano a 800 mil pesos), un Ford Mustang GT 2024 (que supera el millón de pesos), o una GMC Sierra 2024 (con un precio mayor al millón de pesos), entre otros. Los boletos para participar en las rifas se comercializan por montos que van de 200 a 400 pesos, atrayendo a cientos o miles de participantes, pese a no existir garantías de que obtendrán algún premio.
Interpretación errónea de la ley
Especialistas en derecho señalan que, en muchos casos, estas rifas no cumplen con los requisitos para considerarse entre amigos. “Se venden cientos o miles de boletos a través de redes sociales, y se rifan vehículos nuevos, lo que indica un esquema comercial más que una actividad entre conocidos”, advierten. Si los automóviles son entregados directamente desde concesionarios, esto refuerza la posibilidad de que las rifas no sean legítimas, y podrían encuadrar en supuestos de ilegalidad.
A su vez, Nicolás Azuara, especialista en seguridad informática, analizó el fenómeno y destacó que la proliferación de estos sitios refleja un esquema de evasión de la legislación vigente. Durante su investigación, identificó 76 sitios creados en septiembre que simulan ser rifas entre amigos pero que operan con mecanismos comerciales evidentes, alejándose del concepto de amistad o parentesco.
Estos dominios incluyen plataformas como rifasloscompadresslrc.com y sorteoselmauri-elsaltojalisco.com, donde se promocionan sorteos de vehículos de lujo sin cumplir con las normativas legales. De acuerdo con el análisis de Azuara, compartido a Publimetro México, uno de los días con mayor actividad fue el 6 de septiembre, cuando se registraron al menos seis dominios nuevos, lo que sugiere una estrategia coordinada de expansión.
Además, Azuara descubrió que existen proveedores especializados en desarrollar estos sitios de rifas. Por una renta mensual de aproximadamente 7 mil pesos, los organizadores tienen acceso a un sistema automatizado basado en los resultados de la Lotería Nacional, lo que les permite enfocarse en la venta de boletos mientras el proveedor administra la operación técnica.
Evasión fiscal se suma a la lista de problemas
Aunque el concepto de “rifas entre amigos” ha ganado popularidad, su informalidad puede implicar riesgos legales y fiscales. La ley mexicana exige que todo sorteo, especialmente aquellos con premios de alto valor como automóviles, cuente con autorización de la Secretaría de Gobernación y se ajuste a la normativa fiscal.
En términos fiscales, los premios obtenidos en rifas están sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los ingresos derivados de estos premios deben pagar un 1% de ISR sobre el valor del premio, aunque algunas entidades federativas pueden aplicar un impuesto adicional, elevando la carga tributaria hasta el 21%.
Las rifas que operan sin los permisos correspondientes pueden ser consideradas ilegales, lo que podría derivar en multas o incluso sanciones penales. Al no cumplir con las obligaciones fiscales, existe el riesgo de incurrir en evasión de impuestos, particularmente cuando los premios superan los $600,000 pesos, lo que implica la obligación de declararlos en el ejercicio fiscal correspondiente, como señala la Ley del ISR.
