Un paquete de leyes aprobado en la última semana en Nicaragua, incluyendo una reforma profunda a la Constitución, legalizan el poder absoluto de Daniel Ortega, Rosario Murillo y su familia, dicen opositores.En los últimos días, el Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó en una sesión y sin un solo debate un paquete de reformas a la Constitución que, en resumen, consolidan el poder del presidente Daniel Ortega y esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que ahora serán "copresidentes”, y refuerzan el control estatal sobre medios y las fuerzas de seguridad.
Las polémicas reformas someten además al Poder Ejecutivo todos los demás poderes y entidades autónomas del Estado. Según el sandinista Gustavo Porras, titular de la Cámara, "modernizan” una Carta Magna que ya ha sido reformada 12 veces desde su primera redacción en 1987.
Si bien, al enviarla al Congreso con trámite de urgencia, Ortega la presentó como una reforma "parcial” a la Constitución, lo cierto es que se trata de una reforma casi total: de 198 artículos se cambiaron 148 y se eliminaron 37, alterando casi las tres cuartas partes de la Ley Fundamental y borrando en muchos casos preceptos de fondo.
Poder absoluto a Ortega y Murillo
En entrevista con DW, la exguerrillera sandinista e historiadora Dora María Téllez, exiliada en Estados Unidos tras haber sido encarcelada en 2021, dijo que las reformas "vienen a convertir en ley el poder absoluto que se adjudicaron Ortega y Murillo, a legalizar todo un sistema represivo" fortalecido desde 2018, cuando tras las protestas sociales el gobierno desató una feroz persecución de opositores, estudiantes, religiosos y periodistas.
"Se le ha dado rango constitucional a todo lo que la dictadura ha venido haciendo de facto: suprimir el pluralismo político, la libertad de expresión y de organización, acabar con los medios y consolidar el poder total" en manos de la familia gobernante, afirmó.
Para Téllez, uno de los cambios "más importantes” es la creación de un copresidente y una copresidenta, algo que fue ideado para "resolver el problema de la sucesión presidencial cuando Daniel Ortega desaparezca”.
Herederos podrían ser vicepresidentes
"La copresidencia le da a Rosario Murillo el poder total en Nicaragua, que terminará de asumir cuando Ortega no esté, sin tener que someterse a una elección”. La reforma también autoriza a los copresidentes a nombrar a "los vicepresidentes” de la República, "y esto les despeja el camino a los hijos de la pareja gobernante para ubicarse en la línea de sucesión de manera constitucional”, señaló Téllez.
De los ocho hermanos Ortega Murillo que viven en Nicaragua, los que han tenido más protagonismo son Laureano Ortega, asesor presidencial para las inversiones y que maneja las relaciones con Rusia y China, y Camila Ortega, muy cercana a su madre y dueña de una plataforma de modelaje. La mayor de las hijas mujeres, Zoilamérica, vive exiliada en Costa Rica desde 2013, apartada de la familia tras denunciar a su padrastro Ortega por abuso y violación sexual.
El paquete de enmiendas, que fue aprobado en primera legislatura y terminará de aprobarse en enero de 2025, también extiende de cinco a seis años el mandato de los "copresidentes” y de los 91 diputados del Congreso, todos oficialistas.
Una "dinastía sin precedentes”
"Se juntaron el hambre con las ganas de comer en un binomio monstruoso de dos inescrupulosos mesiánicos a quienes sus socios y adláteres les han cedido un poder absoluto”, escribió en un artículo de opinión en el portal Confidencial la reconocida poeta y novelista Gioconda Belli, exiliada en España.
"Podemos suponer que, después que muera Daniel, ella (Rosario Murillo) reinará con Laureano, su hijo. Cuando ella muera, regirán Laureano y Juan Carlos… y así sucesivamente. Se alternará la familia por años y años. La nueva Constitución crea sin ningún pudor, a la vista y paciencia de un partido totalmente sometido y de un pueblo encarcelado en su propio país y atemorizado, una dinastía sin precedentes”, subrayó Belli.
Nicaragua fue gobernada en el siglo pasado por la dictadura dinástica de los Somoza, que heredó el poder de Anastasio Somoza García (padre) a su hijo Anastasio Somoza Debayle, derrocado por el movimiento guerrillero sandinista (al que perteneció Daniel Ortega) el 19 de julio de 1979.
En un comunicado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) reaccionó de inmediato, alertando sobre las "nefastas y trascendentales consecuencias del cambio constitucional para los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense”.
La reforma otorga un "poder ilimitado” a Ortega y a Murillo, señaló el GHREN. Al reprobar las restricciones impuestas a los medios de comunicación, el gobierno sandinista ha "prácticamente erradicado el periodismo independiente” y ahora elimina el precepto constitucional que prohibía censurar a los medios, señaló.
La OEA, por su parte, expresó "rechazo” y "repudio” a las reformas, por considerar que "Daniel Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”. El gobierno de Nicaragua abandonó el organismo hemisférico en noviembre pasado tras acusarlo de "injerencismo".
Gobierno defiende "el poder del pueblo”
Frente a la lluvia de críticas, el diputado Porras dijo que "el único que tiene el poder en Nicaragua es el pueblo” y alegó que todo lo demás "es una forma estúpida de hacer oposición”.
Ante una consulta de DW, el abogado Yader Morazán, exfuncionario judicial y también forzado al exilio, sostuvo que la reforma es "profunda y total”, pues cambia la estructura y funcionamiento del Estado.
Morazán consideró que, por tratarse de cambios trascendentales, el Ejecutivo debía haber convocado a una Asamblea Constituyente antes de reformar la Carta Magna. Al no hacerlo, añadió, Ortega y Murillo han dado "un autogolpe de Estado”, dijo.
A la cuestionada reforma constitucional siguió, el pasado lunes, la aprobación unánime de una ley que protegerá a los "nicaragüenses afectados por sanciones extranjeras”, es decir, a cientos de funcionarios del gobierno y familiares de Ortega. Entre ellos se cuenta la propia Murillo y tres de sus hijos, así como los jefes de la policía y el ejército sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, que los consideran autores "de crímenes de lesa humanidad".
Si bien no puede derogar las sanciones externas, la ley busca anular su alcance dentro de Nicaragua, obligando a los bancos locales y otras instituciones a desconocerlas. Y para quienes no acaten la nueva ley, habrá multas, cierres temporales o definitivos y cárcel por "traición a la patria”, delito penado con 8 años de prisión y más.
Banqueros acorralados
"A esta ley deberíamos llamarla por lo que significa: ley de impunidad de la mafia en el poder, es decir, el círculo más cercano a Ortega y Murillo que busca evadirlas a toda costa”, declaró a DW el economista Enrique Sáenz, igualmente exiliado, expropiado y despojado de su nacionalidad nicaragüense.
"Lo grave es que la ley pone a los banqueros entre la espada y la pared: si la cumplen, se arriesgan a caer bajo la órbita de las sanciones o que se cancelen líneas de crédito bancarias o corresponsalías; si no cumplen, se arriesgan a ser castigados por la dictadura bicéfala en una espiral de consecuencias impredecibles”, afirmó Sáenz.
Reforma migratoria legalizará destierro y apatridia
Y como la cereza del pastel, el Parlamento oficialista aprobará en los próximos días una reforma a la Ley de Migración, que prohibirá el ingreso al país de nicaragüenses y extranjeros "que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social".
La ley impondrá penas de 2 a 6 años de prisión a quien salga o ingrese a Nicaragua de forma irregular, "con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar o proponer, o inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país".
Según organismos humanitarios, cientos de nicaragüenses críticos del gobierno y sus familiares han perdido su nacionalidad o han sido impedidos de entrar al país por "órdenes superiores”, quedando en un limbo migratorio, ya que al ser considerados apátridas tampoco pueden renovar sus pasaportes y sus nombres son eliminados para siempre del registro civil de las personas de Nicaragua.
(ers)
