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Periodistas de Nicaragua resisten el “apagón” informativo

La fundación alemana Friedrich-Ebert entregó su premio anual de Derechos Humanos a la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).La prensa independiente de Nicaragua vive sus días más difíciles, con al menos 56 medios de comunicación clausurados, unos 278 periodistas en el exilio y una censura contra toda voz disidente impuesta desde hace casi siete años por el gobierno de Daniel Ortega.

Sin embargo, fuera de Nicaragua, los periodistas siguen trabajando contra el "apagón informativo” que se percibe en la falta de noticias sobre el país, sumido en una grave crisis política y social que se inició con la represión a la rebelión cívica de 2018.

"No nos callamos"

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"El régimen ha silenciado a la iglesia católica y evangélica, a actores cívicos y políticos, pero los periodistas independientes en el exilio no nos hemos callado”, dice a DW Lucía Pineda Ubau, directora del portal 100% Noticias, que durante más de 20 años se posicionó como un canal de televisión con 24 horas de información continua, y que a fines de 2018 fue clausurado y confiscado por el gobierno.

Pineda Ubau y su colega Wendy Quintero, periodista especializada en derechos humanos, recibieron el martes pasado en Berlín el Premio FES de Derechos Humanos 2024, otorgado por la fundación alemana Friedrich-Ebert a la organización Periodistas y Comunicadores de Nicaragua (PCIN).

La Fundación Frierdirch Ebert, que desde hace 30 años entrega el Premio FES a personas u organizaciones que hayan hecho una contribución especial a la defensa de los derechos fundamentales, quiso reconocer esta vez a PCIN y su "valentía y compromiso en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”, en un contexto de represión gubernamental sobre distintos sectores de Nicaragua.

El colectivo gremial aglutina a más de un centenar de periodistas nicaragüenses críticos del régimen de Ortega. Fue fundado a fines de 2018 en medio de la persecución estatal desatada contra los protagonistas de las protestas sociales de abril de ese año. Al menos seis periodistas, entre ellos Lucía Pineda Ubau, fueron enviados a la cárcelpor ejercer su oficio.


Nicaragua, un país sin medios independientes

En su más reciente informe, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) señaló que en Nicaragua "prácticamente no existen medios de comunicación independientes”. Los únicos que siguen informando sobre los abusos del gobierno son los digitales, cuyos periodistas están mayoritariamente en el exilio, incluyendo los tres más grandes: el diario La Prensa, 100% Noiticias y Confidencial.

RSF señaló que los pocos medios que continúan funcionando en Nicaragua, como Radio Corporación o el noticiero Acción 10, evitan criticar al régimen por temor a ser clausurados o sus directivos perseguidos o detenidos.

"No es seguro ejercer periodismo independiente en Nicaragua. Los periodistas que permanecen dentro del país trabajan muy discretamente y ni siquiera firman sus artículos para evitar represalias”, destacó la organización internacional.

Cuatro periodistas desaparecidos

De acuerdo con PCIN, en las últimas tres semanas el gobierno efectuó varias redadas y en ellas se reportó el secuestro y desaparición de tres periodistas, al parecer ya encarcelados, mientras la reportera cultural Fabiola Tercero sigue desaparecida desde el 12 de julio pasado. El gobierno no ha confirmado ni desmentido estas detenciones.


Y las medidas represivas contra la prensa van en aumento. La semana pasada, el Parlamento dominado por el oficialismo sandinista aprobó una reforma profunda a la Constitución para extender el poder de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y su control absoluto sobre el país.

Uno de los artículos reformados dice que "el Estado de Nicaragua vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos” а intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses”.

Según los periodistas independientes, esto sígnica un mayor control sobre las comunicaciones, violando el derecho a informar y ser informado. Al tener rango constitucional, la ley faculta al gobierno a aplicar castigos más severos por supuestos delitos cometidos.

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Ya el Parlamento había reformado, hace menos de dos meses, la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas, extendiendo ahora su aplicación también a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas, es decir, a periodistas y medios de comunicación que trabajan desde el exilio.

(ers)

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