La diputada Verónica García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de desarrollo para los menores nacidos en prisión y proteger su futuro ante posibles riesgos.
De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) algunos estados, como Guerrero, permiten la estancia de menores de hasta 8 o incluso a los 12 años en sus instalaciones penitenciarias, lo que contraviene los principios establecidos en la legislación nacional e internacional.
Cifras de niñas y niños en prisión
La cantidad de niñas y niños que viven en estas condiciones varía cada año. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2023 se registraron 344 menores; en 2022, 346; en 2021, 343; en 2020, 128; en 2019, 362; y en 2018, 436.
¿Que busca la iniciativa?
La propuesta, que busca modificar los artículos 10, 44 y 116 del citado ordenamiento, plantea que los niños y niñas puedan permanecer con sus madres en centros penitenciarios hasta los tres años de edad. Posteriormente, la separación deberá ser gradual y supervisada por un psicólogo, quien emitirá un dictamen que incluirá un régimen de visitas y convivencia, a fin de preservar el vínculo emocional entre madre e hijo.
Que en caso de separación, la custodia se otorgará a un familiar designado por la madre o, en su defecto, a un albergue de la Fiscalía General de la República (FGR), del sistema DIF estatal o una organización de la sociedad civil certificada. Además, se garantizará atención psicológica al menor, coordinada con quien asuma su custodia.
Durante su estancia en los centros penitenciarios, la iniciativa exige que los menores reciban una alimentación adecuada, atención pediátrica y espacios recreativos para actividades didácticas, promoviendo su sano desarrollo conforme al principio del interés superior de la niñez.
La diputada García subrayó que los menores expuestos al ambiente penitenciario enfrentan condiciones adversas como hacinamiento, violencia y falta de higiene, las cuales afectan gravemente su desarrollo integral.
El documento fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis. La propuesta busca garantizar que estos menores puedan acceder a derechos esenciales como alimentación, salud, educación y esparcimiento, para proteger su desarrollo integral.
