El periodista de nota roja Carlos Jiménez, conocido por su trabajo en la cobertura de casos de violencia y crimen en la Ciudad de México, ha sido protagonista de un conflicto legal con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, específicamente con Ana Alicia Casillas Hurtazo, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales. Esta disputa ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y el uso de la legislación relacionada con la violencia de género para limitar el trabajo de los periodistas.
En varias ocasiones, el reportero destacó las deficiencias en la atención a las víctimas, lo que incluyó denuncias de malos manejos internos, negligencia en investigaciones e incluso presuntos casos de abuso por parte de funcionarios.
Estos reportajes, respaldados por fuentes anónimas y documentación, incomodaron a Casillas Hurtazo, quien denunció al periodista por violencia digital, acusándolo de difundir información personal y sensible que la involucraba, como su nombre, cargo y, en algunos casos, su imagen.
El 30 de diciembre de 2024, la fiscal presentó la denuncia ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, que, a través de un juez de control, dictó medidas de protección a su favor. Estas medidas incluyen la prohibición de que Jiménez publique imágenes o información que permita identificar a la fiscal en cualquier medio, incluidas redes sociales como X, Instagram, y otras plataformas digitales. De igual forma, se extendió esta prohibición a los medios en los que el periodista trabaja, como Multimedios Televisión, Canal 6, Telediario e Imagen TV.
Fiscalía capitalina censura labor de C4
Desde el punto de vista de Jiménez y organizaciones como Artículo 19, estas medidas representan un claro intento de censura previa, que interfiere con su derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. En sus redes sociales, el periodista denunció que estas acciones no sólo son un ataque directo a su labor profesional, sino que también ponen en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada sobre la actuación de los funcionarios públicos. En particular, destacó que este tipo de medidas está siendo abusado en un contexto donde la información sobre el desempeño de las autoridades es de interés público.
En una publicación del 14 de enero de 2025, Jiménez argumentó que este proceso judicial contra él no sólo es un ataque a su libertad de expresión, sino también un acto de opresión que busca silenciar a quienes denuncian la falta de rendición de cuentas en el gobierno.
Uso indebido de la vía legal
En ese sentido, Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión, ha expresado su preocupación por el uso indebido de las leyes de violencia digital para censurar a los medios y periodistas. La organización indica que el derecho a la libertad de expresión no sólo debe proteger las opiniones positivas, sino también aquellas que incomodan o critican a figuras públicas, como es el caso de los funcionarios del gobierno.
El marco interamericano sobre libertad de expresión establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y crítica por parte de la prensa. Esto se debe a que sus acciones y decisiones afectan a la sociedad en su conjunto, y la prensa tiene el derecho de informar sobre ellas.
De acuerdo con la organización, la crítica a la actuación de funcionarios públicos, como el caso de Casillas Hurtazo, no debería ser objeto de persecución judicial. A través de sus publicaciones, Jiménez simplemente ejerció su derecho a informar y a cuestionar las acciones de quienes ocupan cargos de relevancia pública. El silencio impuesto por las medidas cautelares no sólo afecta al periodista, sino que también limita el derecho de la ciudadanía a acceder a información relevante sobre el funcionamiento de las instituciones.
¿Qué pide Artículo 19?
Es así que Artículo 19 ha solicitado que el Poder Judicial de la Ciudad de México revoque las medidas de protección impuestas a Jiménez y que se respete su derecho a la libertad de expresión. Además, la organización ha instado a la fiscal Casillas Hurtazo a abstenerse de usar mecanismos legales que fueron creados para proteger a las mujeres de manera justa, pero que en este caso parecen estar siendo utilizados para silenciar las investigaciones legítimas del periodista.
