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Reed Brody: “Seguimos documentando los crímenes de Ortega en Nicaragua”

En entrevista con DW, el reconocido abogado neoyorquino habla sobre Nicaragua, su trayectoria persiguiendo dictadores, la “debilidad” de la justicia internacional y el panorama mundial tras el retorno de Donald Trump.El abogado estadounidense Reed Brody, apodado por el prensa "el Cazadictadores”, lleva más de 40 años persiguiendo tiranos y genocidas en América y África. Hoy encara una nueva misión: investigar los crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, como nuevo miembro del Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN).

Brody investigó los asesinatos cometidos por los "contras” nicaragüenses en la década de 1980, e impulsó sonados juicios contra el dictador chileno Augusto Pinochet y sus similares de Haití, Ruanda, Gambia y Chad. Además, durante dos décadas fue asesor jurídico y portavoz de Human Rights Watch (HRW).

Doctor Brody, en distintos momentos de su vida usted ha estado cerca de Nicaragua. ¿Qué sucedió en aquellos años y por qué vuelve a vincularse ahora?

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Nicaragua ha estado cerca de mi corazón desde mi primer viaje en 1984 a El Jícaro, un pueblo cerca de la frontera con Honduras donde conocí al sacerdote estadounidense Alfredo Gundrum. Sus feligreses me contaron de escuelas incendiadas, y de maestros y enfermeras asesinados por los "contras", la guerrilla antisandinista financiada por el gobierno de Ronald Reagan, mi gobierno. Sentí la responsabilidad de hacer algo. Renuncié a mi trabajo en la Fiscalía de Nueva York y regresé a Nicaragua para investigar.

Viajando por las zonas de guerra durante cuatro meses, conocí a viudas cuyos esposos habían sido asesinados, mujeres que habían sido violadas, personas a quienes les habían quemado sus casas. Mi informe detallando las atrocidades de los "contras” llegó a la portada del New York Times, ayudó a frenar la ayuda de Estados Unidos a los "contras” y fue usado por el gobierno nicaragüense en la Corte Internacional de Justicia, que condenó la agresión de Estados Unidos.

He mantenido contacto con muchos amigos nicaragüenses, como la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, quien me ayudó en mi investigación y quien ahora, con sus 86 años, continúa su labor desde Managua despojada de su nacionalidad, sus cuentas bancarias, su licencia de abogada, de todo. Así que, una vez más, siento una profunda responsabilidad de hacer algo.

Usted ha comparado al régimen actual de Daniel Ortega con una monarquía absoluta. ¿En qué se basa para esta comparación?


Soy abogado constitucionalista y fui enviado por la ONU para ayudar a Mongolia a redactar su primera constitución poscomunista, así que he estudiado la mayoría de las constituciones del mundo. Aparte de las monarquías absolutas, no he visto una constitución que concentre tanto poder en manos del ejecutivo como la que ahora está siendo aprobada sin cuestionamientos por la Asamblea nicaragüense.

Cuando Daniel Ortega gobernaba por primera vez Nicaragua usted investigó a la "contra”. ¿Cómo se siente hoy al estar "del otro lado”, si es que realmente usted cambió de lugar?

No he cambiado, o al menos eso espero. Desafortunadamente, creo que es Daniel Ortega quien ha cambiado, o quizás ha revelado ser alguien diferente de lo que aparentaba. Lo conocí dos veces en esa época, incluso le hice una entrevista para un periódico estadounidense. También conocí a Rosario Murillo. Jamás habría imaginado que llegarían al punto de quitarle la nacionalidad a personas como Sergio Ramírez, Dora María Téllez y tantos otros, acusándolos de "traidores a la patria.” En cualquier caso, intento hacer mi trabajo ahora, como entonces, de acuerdo con los más altos estándares profesionales y éticos.

De los "contras” a Pinochet, pasando por Hissène Habré y Jean Claude Duvalier, ¿cuál fue el caso más complejo que le tocó asumir a lo largo de su carrera?

Estos casos se construyen unos sobre otros. Cuando Pinochet fue arrestado en Londres en 1998 bajo una orden emitida por el juez español Baltasar Garzón por crímenes cometidos 25 años antes en Chile, él impugnó su arresto ante los tribunales británicos. Cuando la Cámara de los Lores dictaminó que Pinochet podía ser arrestado en cualquier parte del mundo a pesar de su condición de exjefe de Estado, nos dimos cuenta de que teníamos una nueva herramienta en la jurisdicción universal para llevar ante la justicia a tiranos y torturadores que parecían estar fuera del alcance de la justicia. Así fue como me contactó una activista de Chad, para ayudar a las víctimas de su exdictador, Hissène Habré, quien había huido a Senegal. Me tomó a mí y a nuestro equipo internacional de víctimas y activistas 16 años crear las condiciones políticas para que Habré fuera el único exjefe de Estado juzgado y condenado por crímenes de derechos humanos en los tribunales nacionales de otro país. Las víctimas de Habré, a su vez, inspiraron a las víctimas del exdictador exiliado de Gambia, Yahya Jammeh, y ahora hemos creado un tribunal regional para juzgar los peores crímenes de la era Jammeh.

Pero, para ser honesto, he fracasado muchas más veces de las que he tenido éxito. En Human Rights Watch documenté la implicación personal de George Bush y Donald Rumsfeld en crímenes contra musulmanes detenidos durante la "guerra contra el terrorismo", pero ¿quién se atrevería a llevar a estos hombres poderosos ante la justicia? Mi investigación para la ONU en 1997 concluyó que las fuerzas congoleñas estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero no hubo rendición de cuentas, y décadas después las mismas fuerzas siguen cometiendo los mismos crímenes. Es siempre una cuestión de voluntad política.


¿Qué tan eficaces son los organismos internacionales para lograr justicia? Vemos que las denuncias y las condenas no han tenido mayor impacto en casos como el de Nicaragua, donde más de 350 personas fueron asesinadas en un año y al menos un millón han emigrado tras la represión del gobierno de Ortega en abril de 2018.

La debilidad de la justicia internacional es que no existe una fuerza policial internacional. Los fiscales de la Corte Penal Internacional, en 22 años y con un costo de más de 2 mil millones de dólares, nunca han conseguido condenar a ningún funcionario estatal de ningún nivel en ninguna parte del mundo, principalmente porque no pueden atraparlos. Pero otros mecanismos, particularmente las sanciones individuales dirigidas, pueden tener un impacto. Nuestro equipo en el GHREN está investigando qué funcionarios, a lo largo y ancho de la cadena de mando, han participado en crímenes contra el pueblo nicaragüense. También instamos a países democráticos a poner demandas contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención de 1984 contra la Tortura.

En diciembre pasado el juez argentino Ariel Lijo ordenó la captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y toda la cadena de mando implicada en la represión. ¿Qué tan importante resulta esto, sabiendo que estas personas no se dejarán atrapar pues solo viajan a países con gobiernos que les protegen?

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Tiene un significado político y jurídico profundo. Es un reconocimiento de que en Nicaragua se han cometido graves violaciones. Esto legitima las denuncias de las víctimas y organizaciones internacionales que han documentado casos de represión, tortura, expulsiones y ejecuciones extrajudiciales. Contribuye a aislar aún más al gobierno, señalando a los imputados como "parias internacionales". Mas allá de Ortega y Murillo, pone en riesgo a figuras clave de la represión y desalienta futuras alianzas o complicidades. Puede facilitar otras medidas internacionales, como sanciones más estrictas y congelación de activos en el extranjero. A largo plazo, estas acciones pueden ser un elemento crucial para un eventual proceso de justicia y rendición de cuentas, incluso si hoy parecen de aplicación limitada.

Un miembro de nuestro equipo legal en el caso Pinochet en Londres fue el querido abogado chileno Roberto Garretón. Veinticinco años antes, como director legal de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica en Chile, Roberto había registrado valientemente los crímenes de Pinochet mientras se cometían. Presentó más de 1.000 peticiones de habeas corpus en nombre de los detenidos y los "desaparecidos", y ni una sola fue concedida. "Solía preguntarme por qué estaba haciendo esto", me dijo en Londres. "Pero ahora, con Pinochet en el banquillo, me doy cuenta de que todo valió la pena". El mensaje es que hay que documentar, hay que denunciar. Si no hay justicia hoy, habrá justicia mañana.

El año 2025 inició turbulento para los derechos humanos, con guerras no resueltas en el Medio Oriente, millones de personas desplazadas por conflictos y un panorama impredecible tras el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué le espera al mundo en los próximos meses?

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Donald Trump parece aspirar para Estados Unidos lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo han consolidado en Nicaragua: un sistema en el que los controles democráticos sean irrelevantes y los opositores –que Trump califica de "enemigos del pueblo” y Ortega llama "traidores a la patria"– sean neutralizados por completo. Claro que Trump opera –aún– dentro de un sistema con fuertes contrapesos institucionales, pero los está poniendo a prueba. Los estadounidenses tendremos que estar muy atentos en el próximo período si queremos mantener nuestra democracia.

A nivel internacional, estamos viendo los mismos tipos de ataques contra las instituciones internacionales. El año pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes en Gaza. Hasta ese momento, los instrumentos de la justicia internacional se habían utilizado casi exclusivamente para abordar crímenes cometidos por adversarios derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, marginados sin poder, sobre todo africanos, u oponentes de Occidente como Vladimir Putin o Slobodan Milosevic. ¿El resultado de esta primera incursión en la imparcialidad? Estados Unidos espera destruir la CPI a través de sanciones económicas. ¿Morirá el derecho internacional en los escombros de Gaza? ¿O renacerá gracias a un compromiso global con sus instituciones? Los demócratas debemos unirnos.

(chp)

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